La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este lunes su más reciente informe donde contabiliza más de 128 mil personas desaparecidas en México; el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) proporcionó la base estadística y númerica para la investigación del organismo internacional.
El documento señala, además, que conteos independientes suman más de 70 mil cuerpos sin identificar que permanecen bajo la custodia del Estado mexicano, sin ofrecer una metodología administrativa para su proceso de sepultura. En este ejercicio, la Organización de los Estados Americanos (OEA) apunta que estas cifras reflejan la magnitud de la situación de crisis que se vive en el país sobre estos temas relativos a los derechos humanos.
A partir de estos números, el documento — de 238 cuartillas– resalta que el crimen organizado se establece como un perpetrador central de desapariciones en varias regiones del país. En este sentido, la CIDH identifica diversas formas de connivencia entre servidores públicos con integrantes de grupos criminales. #Algunos agentes estatales participaron de forma directa o indirecta en estos actos ilícitos según la evidencia recabada».
El impacto del crimen organizado
De esta forma, se resalta que las mujeres, infantes y migrantes representan perfiles con mayor vulnerabilidad en el contexto actual. En este sentido, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) participó en la creación de protocolos de búsqueda. Además, diversos grupos criminales emplearon el reclutamiento sistemático de hombres y niños para labores violentas ligadas a la economía ilegal.
El informe aborda las desapariciones forzadas ocurridas a partir del periodo de la denominada «guerra sucia» hasta nuestros tiempos. Donde se resaltan obstáculos institucionales que han limitado el acceso a archivos clave bajo la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB) coordinó acciones para localizar a las víctimas en campo y gabinete. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) reportó un aumento en las acciones de búsqueda entre 2024 y 2025. Sin embargo, persistió una falta de coordinación efectiva entre las entidades buscadoras y las de procuración de justicia.
Desafíos en la búsqueda institucional
El índice de impunidad penal en casos de desaparición forzada alcanzó el 99.5% según estudios especializados. Por si fuera poco, sobresale que la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta una sobrecarga procesal significativa que retrasó las investigaciones. «Solo un número limitado de casos logró una sentencia condenatoria firme contra los responsables en la última década».
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El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (Meif) ha logrado resultados limitados antes de su disolución en 2024, miestras que el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) sufrió una reubicación de sus instalaciones que afecta su permanencia operativa. «Deficiencias técnicas en el Servicio Médico Forense (Semefo) dificultaron la trazabilidad de los cuerpos en fosas comunes».
El gobierno federal implementó un proceso de verificación del padrón de personas desaparecidas en 2023. Esta estrategia recibió cuestionamientos de los colectivos ante la falta de claridad en su metodología. Las familias expresaron desconfianza respecto a las categorías utilizadas para clasificar a personas ubicadas sin un paradero exacto. –sn–