La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), obtuvo la vinculación a proceso de tres sujetos identificados como María Fernanda “N”, Riche Joannan “N” y Eder Joaquín “N”, quienes eran policías municipales de Naucalpan, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y tortura, hechos cometidos en agravio de una mujer transexual.
De acuerdo con las indagatorias del Ministerio Público, el 27 de julio de 2025, la víctima se encontraba sobre avenida Parque de Chapultepec, en Naucalpan momento en que se percató que los policías jaloneaban a otras dos mujeres y a Carlos “N”, por lo que se acercó a los elementos y preguntó cuál era el motivo de la detención a lo que los investigados le respondieron que no se involucrara.
Por tal motivo, la víctima comenzó a grabar con su celular y los probables responsables la agredieron física y verbalmente, además solicitaron apoyo de otras unidades policiacas, al llegar los refuerzos descendieron María Fernanda “N” y Eder Joaquín “N”, quienes sometieron a la víctima y la obligaron a borrar el video.
Después la subieron a la patrulla en el asiento trasero y la esposaron, para después dirigirse con dirección a la colonia San Miguel Atoto, en donde los hoy investigados comenzaron a golpearla en diversas partes del cuerpo para después obligarla a bajar de la unidad.
Al tener conocimiento de los hechos esta Representación Social inició las averiguaciones correspondientes para identificar a los probables responsables, por lo que, al contar con la información suficiente, solicitó al Juez una orden de aprehensión en contra de María Fernanda “N”, Riche Joannan “N” y Eder Joaquín “N”, por su probable participación en los ilícitos de abuso de autoridad y tortura.
Al cumplimentarse el mandato judicial, los investigados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de la autoridad, quien, tras analizar los datos aportados y recabados por la Fiscalía, determinó su vinculación a proceso y un plazo de tres meses para la investigación complementaria, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva.
A los investigados se les debe considerar inocentes hasta que un juez determine lo contrario a través de una sentencia, en caso de ser responsables podrían alcanzar una pena de hasta 30 años de prisión por el delito de tortura y nueve años por el ilícito de abuso de autoridad.