Argentina echará mano a las millonarias tenencias de bonos soberanos en manos de organismos del sector público para procurar estabilidad financiera y hacer frente a las exigentes metas comprometidas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según lo establecido por el Gobierno en un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, los organismos del sector público de Argentina deberán canjear los bonos soberanos en dólares de ley de Nueva York (unos 4.000 millones de dólares en bonos Global) que posean por otros títulos en pesos de ley local que emitirá el Tesoro.
Además, los organismos públicos harán subastas para vender a inversores privados los títulos Bonar -en pesos y de ley local- que poseen y el 70 % del dinero que obtengan por esas ventas deberán destinarlo a la compra de un nuevo título que emitirá el Tesoro.
La decisión fue adoptada tras una reunión este miércoles con representantes de la banca y en medio de renovadas tensiones financieras que se asientan en la incertidumbre que genera la economía argentina, atravesada por serios desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, una inflación muy elevada, una severa sequía que golpea a su estratégico sector agropecuario y las exigentes metas con el FMI, cuyo cumplimiento luce cada vez más desafiante.
OBJETIVOS
Con estas operaciones con bonos en manos de organismos estatales -como la Administración Nacional de la Seguridad Social-, el Gobierno busca, por un lado, mejorar su complicado escenario fiscal, reduciendo la carga de vencimientos de los bonos Global y obteniendo fondos extra por la colocación de nuevos títulos en pesos entre esos mismos organismos.
Según cálculos de analistas del mercado, el Tesoro lograría una financiación adicional equivalente al 0,61 % del PBI, un dato no menor en vistas al mal resultado fiscal del primer bimestre del año, a los menores ingresos esperados por efecto de la sequía y a que este año, según las metas establecidas en el acuerdo firmado hace un año con el FMI, Argentina debe reducir su déficit fiscal primario al equivalente del 1,9 % del PIB, desde el 2,4 % del PIB en 2022.
Pero, además, con esta decisión, el Gobierno buscará frenar la reciente escalada en las cotizaciones alternativas del dólar mediante una mayor oferta de los bonos que los inversores utilizan para hacerse de la moneda estadounidense a través de mecanismos financieros, una alternativa que ha crecido ante las fuertes restricciones para comprar divisas en bancos y casas de cambio.
Los denominados dólares CCL y MEP, que se obtienen comprando con pesos bonos y acciones y vendiéndolos luego en dólares, han escalado de valor en los últimos días.
Tras la decisión adoptada este jueves, las cotizaciones cedieron, pero, aun así, los valores casi duplican al precio del dólar en el mercado oficial, un fenómeno conocido como «brecha cambiaria» que, además, tiene efectos inflacionarios en un escenario ya muy delicado, con los precios al consumidor creciendo al 102,5 % interanual en febrero.
DUDAS
Sin poder de fuego en el Banco Central debido a sus magras reservas monetarias, las autoridades argentinas ya han intentado en el pasado poner freno a las cotizaciones alternativas mediante, por ejemplo, límites a las operaciones de compraventa de bonos y acciones.
Según indicó este jueves el banco CMF en un informe, la nueva medida podría reducir la volatilidad pero solo en el corto plazo.
«La verdadera estabilización de los tipos de cambios llegará cuando se presente un plan creíble de reducción inflacionaria que mejore las expectativas de los agentes. La intervención ya se probó y fracasó», aseveró.
La decisión adoptada este jueves genera otras dudas en cuanto a su efectividad y controversias, entre otros aspectos, sobre las pérdidas que implicarán para los organismos públicos vender a alicaídos valores de mercado títulos Bonar que suman un valor nominal de unos 15.000 millones de dólares, según cálculos privados.