Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) está reteniendo de manera indebida un expediente que impugna
la reciente designación de sus integrantes, a pesar de que la Constitución establece que dicha
controversia debe ser resuelta exclusivamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El 19 de junio de 2025, un grupo de organizaciones ciudadanas presentó ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) un juicio de inconformidad en contra de los acuerdos INE/CG567/2025 e
INE/CG568/2025, que validaron los resultados de la elección extraordinaria de magistradas y
magistrados de la Sala Superior del TEPJF.
La acción legal fue interpuesta en estricto apego a la ley, con fundamento en los artículos 50 y 53
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), que
señalan claramente que estos casos deben ser remitidos directamente a la SCJN.
“Este caso es una muestra más del patrón de regresión institucional que ha caracterizado a la actual
integración de la Sala Superior del TEPJF: cierre progresivo del acceso a la justicia electoral,
debilitamiento de las garantías jurisdiccionales mínimas y desprotección de los derechos colectivos
que busca defender la ciudadanía.”, señalaron los representantes de Poder Ciudadano, Proyecto
Justicia Común, Laboratorio Electoral, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Electoralista, y
Práctica: Laboratorio para la Democracia.
Contraviniendo el marco constitucional, el INE turnó el expediente a la propia Sala Superior del
TEPJF y en un acto sin justificación legal, el tribunal no sólo recibió el caso, sino que además lo asignó
a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Desde entonces, el expediente ha sido
retenido por el TEPJF sin que exista motivo legal para ello, incumpliendo de manera flagrante con la
obligación de remitirlo de forma inmediata a la Corte.
A más de nueve días de haberse apropiado del caso, la Sala Superior sigue sin enviar el expediente
a su destino legal, en lo que organizaciones como Poder Ciudadano califican como una grave
violación al derecho de acceso a la justicia, al principio de legalidad y al debido proceso establecidos
en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta retención injustificada, sostienen las organizaciones firmantes, constituye una interferencia
institucional indebida y un intento evidente de obstaculizar la revisión constitucional de una
elección que involucra a los propios integrantes del tribunal, lo que pone en entredicho su
imparcialidad y su compromiso con la legalidad democrática.
Las organizaciones exigen la remisión inmediata del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la única instancia constitucionalmente competente para resolver esta controversia. “El
respeto al orden constitucional no es opcional. La retención deliberada del expediente es una
obstrucción inaceptable que atenta contra la integridad del sistema electoral y el Estado de
Derecho”, advirtieron.
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