La tercera, quinta y sexta regidoras del Ayuntamiento de Capulhuac, denunciaron en su oportunidad actos de intimidación y presión política que fue ejercida en su contra por la alcaldesa con licencia Selene Hernández Herrera, conductas que afectaron el libre desempeño de sus funciones y vulneraron sus derechos político-electorales, de acuerdo con los hechos analizados por la autoridad electoral.
Las regidoras denunciaron que dichas acciones consistieron en exigencias de lealtad política y condicionamientos relacionados con su participación dentro del Cabildo, en un contexto que limitó su actuación como representantes populares y generó un entorno de subordinación en el ejercicio del cargo.
Tras el análisis del caso, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió que Selene Hernández Herrera, presidenta municipal con licencia de Capulhuac, incurrió en violencia política en razón de género, al acreditarse que las conductas señaladas constituyeron una forma de intimidación y presión indebida hacia las integrantes del Ayuntamiento.
La determinación quedó asentada en la resolución del expediente PES/44/2025, en la que el órgano jurisdiccional concluyó que los actos cometidos transgredieron el marco legal que protege el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres que ocupan cargos de elección popular.
Como parte de la resolución, el TEEM ordenó dar vista a la Contraloría del Poder Legislativo de la LXII Legislatura del Estado de México, instancia que deberá revisar el caso y, determinar posibles sanciones administrativas o medidas que correspondan conforme a la normatividad aplicable.
El Tribunal destacó que la legislación electoral y los criterios jurisdiccionales vigentes establecen que cualquier forma de coerción, presión o condicionamiento político resulta incompatible con los principios de legalidad, igualdad sustantiva y libre ejercicio del cargo público, particularmente cuando dichas conductas se dirigen a mujeres en funciones de representación popular.
Por lo que, la resolución del TEEM se enmarca en los esfuerzos institucionales para prevenir, atender y sancionar la violencia política en razón de género, así como para garantizar condiciones de equidad en el ejercicio de los cargos públicos en los ayuntamientos del Estado de México.