Al iniciar el análisis de la iniciativa para armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal con la Constitución local y el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de establecer que los tribunales de alzada se integren por uno o tres magistrados o magistradas —mientras que el ordenamiento estatal vigente contempla la integración por tres personas magistradas—, la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) destacó que el sistema judicial del Estado de México requiere un mayor presupuesto, al ser uno de los pilares de la estabilidad social.
En reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por la legisladora Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN) y a la que asistieron personas magistradas, la congresista señaló las cargas de trabajo, los horarios extensos y la complejidad de muchos casos que se resuelven en el Poder Judicial estatal, por lo que es entendible la necesidad de ampliar la plantilla de personas, aunque se pronunció por ser específicos para que la legislación sea lo más clara posible en cuanto a las designaciones y perfiles.
Sobre la propuesta del magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la legisladora preguntó cuántas personas magistradas aumentarían en el Poder Judicial y qué presupuesto implicaría.
Al respecto, la diputada Emma Laura Alvarez consultó los procesos para la designación de personas magistradas, qué criterios se aplicarían para determinar si un tribunal de alzada se integre por uno o tres magistrados y si existen estadísticas que demuestren que la integración unitaria mejora los tiempos de resolución y apelación.
También preguntó cuál sería el impacto de las reformas en las cargas de trabajo de las personas magistradas, si la integración unitaria podría afectar la calidad o la profundidad del análisis jurídico de las resoluciones, y si se prevé la emisión de lineamientos internos o acuerdos administrativos para regular la distribución de los asuntos entre tribunales unitarios y colegiados.
La magistrada Xóchitlh Martínez Correa y Guillermo Peralta Ramírez explicaron que la propuesta consiste en la armonización legal para especificar que los tribunales sean unitarios o colegiados y señalaron que el riesgo es que sigan llegando amparos sobre la competencia de los tribunales unitarios.
Guillermo Peralta aclaró que, en el caso de tribunales colegiados, las personas serían jueces o juezas en funciones de magistraturas, cuya elección sería una determinación del Órgano de Administración Judicial o de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, según sus trayectorias.
Añadió que en diciembre de 2025 se emitió el Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia y de su Presidencia, en cuyo artículo tercero se estableció que se entenderá por Tribunal de Alzada al órgano jurisdiccional integrado por uno o tres magistrados o magistradas que resuelvan los recursos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El artículo 44 establece que los tribunales de conformación unitaria conocerán los recursos interpuestos contra autos y resoluciones provenientes de los juzgados de control, con excepción de las apelaciones contra resoluciones que nieguen la orden de cateo, emitidas por personas juzgadoras especializadas en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección en línea. Asimismo, se explicó que, con este reglamento, se busca contener los juicios de amparo.
A la reunión también asistieron el magistrado Rubén Maximiliano Alexander Rábago y la magistrada Blanca Dannaly Argumedo Guerra.