Con el propósito de asegurar la permanencia del sistema de seguridad social de los servidores públicos mexiquense y darle sustentabilidad financiera, el Instituto de Seguridad Social del Estado México y Municipios (ISSEMyM) se renueva a través de una Reforma a la Ley del ISSEMyM propuesta a la LIX Legislatura mexiquense por el Ejecutivo estatal, y aprobada en el Pleno del Congreso.
Dichas acciones tienen como premisa respetar los derechos de los trabajadores en activo, de los pensionados y pensionistas al mantener intactos los beneficios, derechos y prerrogativas de las que disfrutan actualmente, es decir, se mantienen requisitos de edad y tiempo de servicios para acceder a una pensión, condiciones generales y servicios.
Se contempla, además, un incremento en las aportaciones que pagan las Instituciones Públicas de 6.5 por ciento que se destinarán tanto al rubro de pensiones como a fortalecer los servicios de salud en materia de suministro a los medicamentos, modernización de equipos médicos e introducción de nuevas tecnologías para fortalecer el perfil preventivo y de detección temprana de padecimientos.
Mientras que a los servidores públicos en activo se les aplicará un ajuste en sus cuotas, por abajo de la inflación, mismas que se destinarán 1.5 por ciento a servicios médicos y el 2 por ciento restante a su ahorro en el fondo de pensiones.
Con esta nueva ley, los servidores públicos que ingresen a partir de 2019 y a aquellos que actualmente se encuentren en activo, y que deseen migrar al nuevo régimen, se les abrirá una cuenta individual en una administradora de su libre y personal elección, donde se depositarán las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, ya sea por cesantía en edad avanzada y vejez, lo que abre la puerta a la portabilidad de derechos y los trabajadores podrán migrar a otras instituciones de seguridad social sin perder sus ahorros para el retiro.
Finalmente, se resalta la creación de un Sistema Integral de Créditos compuesto por un fondo intocable y permanente para hacer efectiva la prestación de préstamos personales e hipotecarios en beneficio de las familias de los servidores públicos.