A fin de evitar más accidentes relacionados con la pirotecnia, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la intención de establecer como agravante la venta y transportación de estos artefactos, especialmente, cuando se ponga en riesgo a terceros y se realice en zonas urbanas o exista reincidencia sobre esta actividad.
El senador por el Estado de México explicó que, a pesar de que la pirotecnia es considerada un arte y una actividad tradicional y cultural, su uso recreativo, venta, transporte y manejo sin permisos oficiales, representa un riesgo grave para la seguridad pública, la integridad física y el patrimonio de familias enteras que viven en zonas de alta densidad poblacional, pues tan solo, entre 2006 y 2024, se han registrado más de 630 accidentes relacionados con esta actividad en el país.
“En México, se estima que existen alrededor de 40 mil negocios clandestinos dedicados a actividades pirotécnicas y solo dos mil operan con permisos vigentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Esta misma falta de un control estricto, contribuye a que estas prácticas sigan causando daños materiales y en las personas, pues la actual regulación federal tiene bases dispersas en normas técnicas y reglamentos, y no existe un marco sancionatorio específico con la suficiencia y claridad necesarias para prevenir y castigar la venta y transportación ilegal de estos productos y la afectación que implican”, señaló.
El senador panista, Enrique Vargas, detalló que la ley federal en la materia no prevé sanciones específicas con agravantes claras para quienes realicen la venta o transportación ilegal de pirotecnia que ponga en riesgo a terceros, a la niñez, adolescencia o se realice en zonas urbanas densas, por lo que, actualmente, estas conductas se sancionan solo de manera administrativa o con penas que no resultan disuasivas ni proporcionales al riesgo social que representan, por lo que, dijo, es necesario actualizarla con un enfoque de seguridad pública y de gestión integral de riesgos, para evitar que se convierta en una amenaza permanente.
“La ausencia de una actualización normativa robusta ha dejado vacíos legales que favorecen la impunidad en la comercialización ilícita y en el transporte inadecuado de pirotecnia, lo que exige acción legislativa urgente desde el ámbito federal, estatal y municipal. Para Acción Nacional, la seguridad de las familias mexicanas, la protección de la vida humana y el fortalecimiento del Estado de derecho constituyen prioridades irrenunciables de la función legislativa”, apuntó.
Por lo anterior, el legislador Enrique Vargas consideró necesario armonizar las agravantes penales y que éstas sean proporcionales al daño potencial que podría originar su mal uso, además de establecer una regulación en el ámbito estatal para su venta y distribución, especialmente, en sitios o lugares densamente poblados o transitados, como mercados y centros comerciales.
“No se pretende criminalizar las tradiciones ni las actividades productivas que se realizan dentro de la legalidad y bajo supervisión de la autoridad; por el contrario, se busca diferenciar con claridad entre la actividad regulada y el comercio clandestino que opera al margen de la ley, que evade controles de seguridad y que convierte calles, mercados y colonias en potenciales zonas de desastre. Esta reforma fortalece la responsabilidad del Estado para prevenir tragedias, cerrar espacios a la impunidad y enviar un mensaje firme: en México, la seguridad de las personas, niñas, niños y adolescentes está por encima de la ilegalidad”, agregó.
De acuerdo con la iniciativa presentada, quedaría prohibido que se utilice cualquier medio de transporte motorizado o ferroviario para la movilización de pirotecnia; se establecería como obligatorio que las personas que transporten estos artefactos deberán de contar con la licencia o permiso correspondiente de la Defensa Nacional, lo que deberá suceder también con quienes almacenen estos objetos, y se establecerían penas de cuatro a seis años de prisión y una multa de diez a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quien o quienes fabriquen, vendan, transporten, almacenen o comercialicen artificios y materiales pirotécnicos sujetos a control, sin permiso de la autoridad.