Al señalar que, durante 2024, en el Estado de México el 27 por ciento de las reclamaciones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) fueron presentadas por personas adultas mayores en relación con el uso de tarjetas de débito y crédito, el Grupo Parlamentario del PAN propuso garantizarles el derecho a participar en programas de información, orientación y capacitación continua en educación financiera, con un enfoque preventivo y accesible.
Para estos efectos, la iniciativa de la autoría de la diputada Krishna Karina Romero Velázquez y del diputado Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador de la bancada del PAN, plantea que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal diseñe, promueva y ejecute programas permanentes de educación financiera dirigidos a este sector, en coordinación con instituciones especializadas y dependencias correspondientes.
La iniciativa de reforma a la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de México, detalla que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México el 55.7 por ciento de las personas adultas mayores (8 millones 410 mil 700) recibe 7 mil 362 pesos como ingreso mensual promedio.
En este contexto, añade, cualquier afectación patrimonial derivada de un fraude o mala decisión financiera puede comprometer seriamente su subsistencia y perjudicar su situación patrimonial, deteriorar el nivel de vida y, en algunos casos, derivar en problemas de salud física por la angustia provocada.
Por otro lado, explica, según la Condusef, una de cada tres personas que presenta una controversia o queja es una persona adulta mayor, y que la entidad mexiquense concentra aproximadamente el 9 por ciento de las controversias a nivel nacional, ubicándose entre las entidades con mayor incidencia.
El documento comparte que, en el país, durante 2018, estas personas presentaron 58 mil 701 controversias por cargos o consumos no reconocidos, robo de tarjetas y clonación, entre otras afectaciones, situaciones que suelen derivar de llamadas telefónicas fraudulentas o portales apócrifos diseñados para obtener y comprometer datos confidenciales, lo que genera afectaciones patrimoniales directas y un grave impacto en su estabilidad económica.
En sesión deliberante, la proponente resaltó que su iniciativa se sustenta en un enfoque preventivo orientado a dotar a las personas adultas mayores de herramientas prácticas para organizar sus ingresos, planificar gastos, administrar deudas, fomentar el ahorro y ejercer plenamente sus derechos como personas usuarias del sistema financiero.