El Grupo Parlamentario del PVEM propuso tipificar con hasta 30 años de prisión la entrega, condicionamiento, sustracción o retención de menores de edad con el propósito de someterlas o someterlos a servidumbre, trabajo forzoso, matrimonio forzado, explotación laboral o cualquier otra forma de esclavitud como medio de pago de una deuda, garantía o reparación de daño, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por otros delitos que se configuren.
La iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos estatales, establece que esta conducta se castigue con una pena de 10 a 20 años de prisión, pero prevé una agravante de hasta una mitad (10 años más, con lo cual se alcanzaría una pena máxima de 30 años) en caso de ser realizada por la persona deudora, por quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como por las demás personas que, por razón de sus funciones o actividades, tengan bajo su cuidado a niñas, niños o adolescentes, o cualquier persona que tenga autoridad o relación de parentesco con la víctima.
Adicionalmente, el proyecto de la bancada coordinada por el legislador José Alberto Couttolenc Buentello plantea la pena máxima para este delito cuando se cometa en contra de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, en situación de pobreza extrema o marginación, o cuando medie engaño, abuso de poder, violencia o coacción.
A lo anterior se sumaría la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público, docente o de cuidado por un período igual al de la condena.La iniciativa, expuesta por la diputada Miriam Silva Mata (PVEM), también considera que, a quien, con la intención de requerir el pago de una deuda, cometa actos de violencia en contra de familiares directos, hijas o hijos menores de edad, personas adultas mayores dependientes o cualquier otra persona ligada a la persona deudora, se le sancionará con una pena de seis meses a tres años de prisión y de 180 a 360 días de multa.
Por otro lado, se propone incorporar en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estatal el concepto de servidumbre por deudas, entendida como la situación o condición derivada de un compromiso real o supuesto de deuda de algún tercero, en la que la víctima se vea obligada a prestar servicios personales o trabajo, sin que se limite o establezca un plazo definido para su terminación y en la que el valor de dichos servicios no se aplique a la liquidación de la deuda o no se defina razonablemente el monto adeudado.
En dicho ordenamiento quedaría prohibido obligar a menores a realizar labores en las que se ponga en peligro su integridad física, psicológica o sexual y se violenten sus derechos humanos, así como actividades, remuneradas o no remuneradas, que sean insalubres, pongan en riesgo su integridad o comprometan su desarrollo y crecimiento, además de prestar servicios personales como garantía o pago de una deuda contraída por ellos o por un tercero.
En consecuencia, el proyecto busca establecer la atribución de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad para prevenir, detectar y atender estos casos. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia deberán vigilar y garantizar que las o los menores no sean sometidos a servidumbre por deudas, así como protegerlos de esta situación.
El documento refiere que la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, identificó al menos 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años en ocupaciones no permitidas, de los cuales el 92.5 por ciento se desempeña en actividades peligrosas.
Además, registró que cerca del 12.2 por ciento de quienes se encuentran en estas ocupaciones trabaja bajo dichas condiciones debido al pago de una deuda.
Finalmente, la iniciativa señala que, con esta propuesta, se envía el mensaje de que la explotación de menores por deudas debe ser considerada un crimen grave, imperdonable y punible con todo el peso de la ley.