La prisión preventiva oficiosa representa una violación directa a los derechos humanos y a principios fundamentales del derecho penal, como la presunción de inocencia y el debido proceso”, enfatizó el diputado Román Cortés Lugo, al fijar el posicionamiento en contra del Grupo Parlamentario de Acción Nacional referente al proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Prisión Preventiva Oficiosa.
El legislador panista recordó que la prisión preventiva oficiosa implica el encarcelamiento de una persona desde el momento de su detención, sin que exista una sentencia condenatoria, medida que ha sido cuestionado por su impacto negativo en los derechos humanos, especialmente en lo referente a la presunción de inocencia, principio fundamental del derecho penal.
A nombre de las y los diputados de Acción Nacional, Cortés Lugo recalcó que es fundamental revisar y replantear el uso de la prisión preventiva, privilegiando medidas menos restrictivas y asegurando que ésta solo se utilice en casos estrictamente necesarios, con una justificación proporcional y razonada.
Precisó que el GPPAN está en contra de dicha reforma pero no con la finalidad de tener a los verdaderos delincuentes fuera de las cárceles sino como rechazo a falta de seguimiento al protocolo de detención y la integración de carpeta de investigación, provocando que los jueces emitan una decisión sin certeza sobre la culpabilidad o inocencia de las personas señaladas.
Además de la violación a la presunción de inocencia, la contradicción con tratados internacionales, el impacto negativo en los derechos humanos, la ineficiencia y riesgos de abusos, así como alternativas menos restrictivas, la detención temprana de un individuo puede limitar su acceso a la defensa adecuada y crear un desequilibrio en el proceso judicial, ya que la persona acusada se encuentra en una situación de desventaja frente al sistema judicial.