Como resultado del pronunciamiento de amnistía presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), el Poder Judicial estatal concedió el beneficio de amnistía a Tomás “N”, persona indígena otomí originaria de la comunidad de Jiquipilco El Viejo, municipio de Temoaya.
Tomás “N” fue sentenciado el 8 de mayo de 2014 por el delito de homicidio calificado con modificativa, por el Juzgado de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, a una pena de 43 años y 9 meses de prisión, además de multa. Hasta el día de hoy había cumplido aproximadamente 12 años, 9 meses y 27 días de privación de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, del que fue liberado la tarde de este martes.
La determinación fue dada a conocer en un acto institucional en el que se contó con la presencia de José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura estatal; del Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García; y de la Presidenta de la Sala de Asuntos Indígenas, Erika Icela Castillo Vega, así como del Presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, refrendando la coordinación interinstitucional para consolidar una justicia con enfoque de derechos humanos y perspectiva social en beneficio de la población mexiquense.
En su intervención, Víctor Delgado señaló que “uno de los reclamos más sentidos del pueblo de México se relaciona con la justicia”, como lo reconoció el Ejecutivo Federal al impulsar la Ley de Amnistía, normativa que en el Estado de México fue publicada el 5 de enero de 2021 con el propósito de subsanar deficiencias e injusticias presentes en casos marcados por condiciones de marginación, pobreza y discriminación.
Destacó que dicha legislación otorgó a los organismos públicos de derechos humanos la facultad de emitir pronunciamientos para solicitar la amnistía cuando se acrediten vulneraciones al debido proceso o a derechos fundamentales, incluso tratándose de delitos de alto impacto, y afirmó que la Comisión actúa con una profunda convicción social y humanista, colocando a las personas en el centro, visibilizando contextos de vulnerabilidad mediante enfoques interculturales, de género e interseccionales, y trabajando de manera coordinada con las instituciones del sistema de justicia para que la ley se convierta en una herramienta real de equidad.
Subrayó que, a la fecha, la CODHEM ha presentado 27 pronunciamientos, con 21 libertades concedidas, sumando más de 400 años de prisión perdonados por el Estado, y que el caso de Tomás “N” reafirma que la amnistía es una nueva oportunidad de vida y una vía para fortalecer una justicia social más incluyente.
Agregó que, en la investigación realizada de manera diligente, exhaustiva y progresista, la CODHEM advirtió que Tomás “N” es integrante de una comunidad indígena otomí, en situación de pobreza, con rezago educativo -no concluyó la educación primaria- y con antecedentes de carencias estructurales en vivienda, servicios básicos y acceso a salud.
Detalló que durante su proceso penal no contó con persona intérprete ni con defensa que tuviera conocimiento de su lengua y cultura, pese a autoadscribirse como indígena, lo que constituyó una barrera lingüística y cultural que impactó en su derecho humano a una defensa adecuada y a un acceso igualitario a la justicia, por lo que la Comisión sostuvo en su pronunciamiento que el caso debía analizarse bajo una perspectiva intercultural, interseccional y de derechos humanos, atendiendo las barreras estructurales que enfrentan las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas dentro del sistema de justicia penal.
Asimismo, la valoración criminológica practicada determinó que no presenta diagnóstico de psicopatía, no registra antecedentes de conductas delictivas, no tiene problemática de consumo de sustancias y que la probabilidad de reincidencia es baja, según revelaron los análisis de la Unidad Interdisciplinaria de la CODHEM.
La resolución fue dictada por las personas integrantes de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial: Ericka Icela Castillo Vega, María Rosalba Briseño Alvarado, Verónica Carrillo Carrillo, Arturo Márquez González y Lawrence Elíseo Domínguez Serrano.
Con esta nueva Amnistía, la CODHEM refrenda su compromiso de impulsar acciones que garanticen un acceso efectivo, igualitario y sin discriminación a la justicia, especialmente para personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.
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