La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que se
investiga la existencia de un posible conflicto de interés del presidente de la
Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer.
En conferencia de prensa, la funcionaria federal detalló que él mismo ha reconocido que el hermano de su cónyuge, Mario Barreiro Castellanos, labora en una empresa extranjera, Vestas, dedicada a la fabricación, venta y mantenimiento de tecnología eólica para generar electricidad.
Además de que «Santiago García Castellanos, pariente por afinidad en cuarto grado, primo hermano de su cónyuge, tiene el cargo de director general de la empresa Santa Fe Natural Gas, la cual es filial de una empresa mexicana permisionaria de la Comisión Reguladora de Energía denominada Fermaca».
Puntualizó que se localizó un permiso para transporte de gas natural otorgado a la empresa Fermaca, «misma que él ha reconocido como vinculada a su familia, con fecha del 15 de junio de 2017».
La funcionaria federal detalló que «en esta fecha el servidor público de referencia ya era presidente de la institución, este permiso que él mismo ya como presidente de la institución pudo haber gestionado o auspiciado, no fue informado en su momento».
Por estos hechos y tras la denuncia pública realizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se inició una investigación de oficio y «hemos descubierto al momento este contrato, este permiso para transporte de gas natural, eso ya constituye en sí mismo una activación del conflicto de interés potencial que el reconoce en su declaración patrimonial».
Por lo que se continuará la investigación de manera coordinada con la Secretaría de Energía (Sener), y en su caso se podría llegar hasta la inhabilitación del servidor publicó, puntualizó.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, recordó que «el conflicto de interés no se circunscribe a las relaciones de carácter familiar, sino también a las personales o de negocios».
El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abundó que el señalado hermano de su cónyuge, si bien labora para una empresa extranjera, esa compañía tiene una filial en México «y en realidad el cuñado trabaja para la empresa mexicana».
Puntualizó que el hermano de la cónyuge presenta una serie de declaraciones; sin embargo, dentro de la declaración no se incluyen tres empresas, una que tiene un proyecto con Petróleos Mexicanos (Pemex) con 186 pozos operativos distribuidos en siete campos.
Dos, una comercializadora de productos químicos que ganó una licitación en Pemex sobre la explotación de ductos en la cuenca costera de Chicontepec, cuando el sujeto analizado ha pasado por diversas áreas de Petróleos Mexicanos.
Sobre la tercera empresa, los accionistas son dos personas morales, incluyendo la empresa enumerada con el número dos, que se dedican a la perforación de pozos petroleros y de gas.
Indicó que en esta última empresa se detectó que de febrero de 2014 a diciembre de 2018 realizaron transferencias internacionales por 47 millones de pesos y 148 millones de dólares.
Por lo que «resulta por demás interesante, por decir lo menos, que la empresa número dos que es accionista de una empresa, que puede transferir 148 millones de dólares al extranjero, presente tan bajos reportes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual podría constituir un caso de defraudación fiscal».
Hizo notar también que uno de los familiares «de la persona políticamente expuesta, antes mencionada», tiene dos vuelos a Guatemala, y nueve vuelos a El Salvador.
Detalló que «esto es relevante en razón de que una de las tipologías más importantes del lavado de dinero consiste en el traslado de dinero en efectivo a países vecinos en Centroamérica, para que a partir de ahí puedan tomarse vuelos para llevar el efectivo a paraísos de naturaleza fiscal; no estamos afirmando», sino sólo explicando el modelo, afirmó.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo en otro tema, con relación a los siete gasoductos que se encuentran detenidos, que «se les entregaron permisos a las compañías, pero no se les dio el derecho de vía».
Por lo que cuando se meten las empresas a hacer los gasoductos «se topan con problemas sociales porque en una forma irresponsable se entregan permisos sin tener el desarrollo del proyecto concluido, y eso sí es responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía».