La Contraloría del Poder Legislativo dio a conocer que han atraído entre 15 y 30 denuncias que podrían estar involucradas en posibles delitos electorales y donde los implicados don presidentes municipales, regidores, un síndico y un diputado.
Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo mexiquense, dijo que inclusive, hay casos documentados que refieren la promoción de obras y acciones realizadas a lo largo de las gestiones municipales, en especial de los alcaldes e integrantes de su cabildo.
«Algunos de los municipios en los que se presentó esta situación son Cocotitlán, Jalatlaco, Capulhuac, Villa de Allende, Tlalnepantla, Donato Guerra, Amanalco, Xoancatlán, Valle de Chalco, Ozumba, Jaltenco, Nextlalpan, así como Atizapan de Zaragoza y Tepotzotlán donde se busca la reelección».
Barrios Dávalos, dejó en claro que la Contraloría no es la instancia que puede actuar en este proceso electoral y solamente actúa, por las faltas administrativas, por eso, han optado por pasarle otras denuncias a la Fepade, para que tomen cartas en el asunto.
“Por tal motivo la contraloría solo se quedó con 15 denuncias de 30 que fueron enviadas por parte del Tribunal Electoral, pero hora con la nueva Ley de responsabilidades, se le tiene que dar el trámite desde el proceso de investigación”.
El Contralor, insistió en que el número de denuncias, es de 40 de las cuales, 15 son a las que le están dando seguimiento, las cuales, en su mayoría señalan a presidentes municipales y regidores, mientras que hay dos en específico que apuntan a un síndico y uno más a un diputado suplente de la legislatura local con cabecera en el distrito XVIII de Tlalntepantla.
Por lo que señaló que este tipo de apoyos y proselitismo podrían derivar en desvío de recursos humanos y posiblemente económicos, ya que una persona que trabaja en el municipio no puede participar en actos a favor de algún candidato.
Finalmente, Victorino Barrios dijo, que el hecho de que terminen con su trienio los alcaldes que incurrieron en alguna falta, no los exime de alguna sanción que se les pueda aplicar después y se puede llegar hasta la inhabilitación del funcionario público.