El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de México, afirmó que la LXII Legislatura ha registrado altos niveles de productividad y consenso, al aprobar reformas clave en materia de seguridad pública, bienestar social y armonización constitucional.
Destacó que, entre los avances recientes, los más relevantes han sido la aprobación por unanimidad de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión del Estado de México, que establece un marco legal específico, crea una fiscalía especializada y armoniza el combate a este delito con la normatividad federal, que establece el tipo penal y las sanciones correspondientes.
Compartió que, del 4 de septiembre de 2024 al 12 de enero de 2026, el Congreso local ha aprobado 581 iniciativas en comisiones (lo que representa 36 mensuales) y 100 puntos de acuerdo, lo cual refleja una alta productividad legislativa y un esfuerzo constante por atender temas prioritarios para la entidad, en un contexto de pluralidad política y construcción de consensos.
En entrevista, resaltó el trabajo coordinado con el Ejecutivo y en concordancia con las reformas constitucionales federales, al avalar las 22 minutas correspondientes y priorizar iniciativas que benefician a toda la población, sin distinción partidista.
El también coordinador del grupo parlamentario de morena puntualizó que, gracias al diálogo permanente y al trabajo coordinado entre las distintas fuerzas políticas, en toda la LXII Legislatura mexiquense se aprobó más del 93 por ciento de los dictámenes por unanimidad.
Afirmó que este nivel de consenso es resultado de una política basada en la escucha, la construcción de acuerdos y la coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de generar resultados tangibles para la ciudadanía del Estado de México.
Francisco Vázquez subrayó que el trabajo legislativo debe mantenerse cercano a la ciudadanía, al señalar que las y los diputados no son gestores de servicios públicos, sino representantes populares cuya responsabilidad es escuchar a la gente y llevar sus demandas al Congreso.
Agregó que la población considera indispensable contar con diputadas y diputados de territorio, que regresen a las comunidades, evalúen si los programas sociales y de salud están llegando de manera efectiva y traduzcan esas necesidades en reformas legales que mejoren la vida de las y los mexiquenses.