La exigencia por la liberación de presuntos presos políticos en el Estado de México subió de tono, cuando familiares e integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) realizaron cuatro bloqueos simultáneos en puntos estratégicos: la carretera México–Pachuca a la altura del centro de Tecámac, el Palacio de Gobierno y Paseo Tollocan en Toluca, asi como la autopista México–Pirámides.Familiares y amigos de tres personas señaladas como “presos políticos” realizaron dichas manifestaciones a fin de exigir la intervención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.De acuerdo con los manifestantes, las movilizaciones buscaron llamar la atención del gobierno estatal sobre lo que consideran detenciones arbitrarias y actos de persecución política contra integrantes de la organización social UPREZ.Los inconformes dieron a conocer que en fechas recientes se entregó un escrito dirigido a la mandataria estatal en el que solicitan su intervención para revisar los casos y garantizar la liberación de tres de sus integrantes.En el documento, firmado por el representante legal de la organización, Geovanni Alfonso Reyes Márquez se asegura que los miembros de la agrupación están siendo acusados de extorsión con pruebas fabricadas y que, en algunos casos, las víctimas fueron obligadas a firmar declaraciones.El escrito también menciona tres casos principales:Hugo Francisco Cornejo Martínez, detenido bajo la causa penal 257/2025 por extorsión. El grupo afirma que la acusación se basa en una declaración obtenida mediante engaños.Roberto Carlos Arámbula, detenido bajo la causa penal 1734/2024, también por extorsión. Aseguran que el número telefónico relacionado con la investigación no existe y que se trata de un asunto con motivación política.Efrén David Ávila Vargas, quien enfrenta la causa penal 197/25, en la que –según el escrito– la víctima fue presionada para ratificar su declaración.Además, se expone la situación de un testigo de la causa 284/2025 que habría recibido amenazas para declarar en un caso de homicidio, lo que derivó en una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad.La organización así como los familiares de las víctimas piden que se detenga el uso de las instituciones de justicia para “inventar víctimas o fabricar delitos” y pide la liberación inmediata de los integrantes que permanecen privados de la libertad.Cabe mencionar que hasta el momento, no se ha informado sobre alguna respuesta oficial del Gobierno del Estado de México ni de la Fiscalía General de Justicia estatal respecto a estas acusaciones.