
El Estado de México registra avances relevantes en la implementación de los ejes planteados en el denominado “Plan B” del gobierno federal, particularmente en materia de reorganización institucional y disciplina del gasto público, aseguró el presidente de la Legislatura local, Francisco Vázquez Rodríguez.
En entrevista, el legislador sostuvo que la entidad mexiquense “va adelantada en muchos temas” contemplados en esta estrategia, por lo que prevé que en los próximos meses se continúe con la armonización del marco normativo estatal para consolidar dichas políticas.
Uno de los aspectos centrales, explicó, será la posible reforma a la integración de los cabildos municipales. Detalló que el modelo actual combina representación por planilla con espacios para segundas minorías, lo que ha permitido fortalecer la pluralidad política; sin embargo, no descartó ajustes, particularmente en la figura de las sindicaturas, lo que implicaría modificaciones de fondo en la estructura de los ayuntamientos.
En el rubro financiero, Vázquez Rodríguez destacó que el Congreso local ha adoptado una política de austeridad que comienza a reflejar resultados concretos. Como parte de estas acciones, informó que se adquirieron dos inmuebles para uso institucional —destinados a las áreas de Comunicación Social y Administración—, lo que permitirá dejar de rentar tres edificios y generar ahorros sostenidos en el mediano plazo.
“Primero debemos generar economías para convertir esos recursos en patrimonio propio del Congreso”, puntualizó.
Asimismo, rechazó que existan privilegios excesivos dentro del Poder Legislativo, al señalar que los diputados únicamente perciben su dieta y cuentan con apoyos destinados a labores legislativas, como asesoría y personal técnico.
Subrayó que la operación del Congreso depende de una plantilla de más de 2 mil 500 trabajadores, entre personal administrativo, de seguridad, limpieza y mantenimiento, cuya labor calificó como indispensable para el funcionamiento institucional.
En cuanto al presupuesto, detalló que el Poder Legislativo representa alrededor del 0.46% del gasto estatal sin considerar al Órgano de Fiscalización, y aproximadamente el 0.54% al incluirlo, lo que —afirmó— refleja un manejo responsable y austero de los recursos públicos.
Finalmente, el legislador dejó abierta la posibilidad de que las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo estatal avancen en el Congreso mexiquense, en un contexto de coordinación entre poderes para concretar reformas estructurales en la entidad.
