El Partido del Trabajo (PT) fue desalojado este martes 14 de enero de las oficinas que ocupó durante varios años en la capital mexiquense, luego de ignorar de manera sistemática una sentencia judicial que, desde marzo de 2025, ordenaba la devolución del inmueble a su legítimo propietario.
Pese a que el fallo del Poder Judicial fue definitivo y no admitía interpretación alguna, integrantes del Comité Estatal del PT que eran quienes ocupaban las instalaciones para cuestiones políticas, se negaron en repetidas ocasiones a cumplir la resolución, manteniendo la ocupación del inmueble de forma irregular.
Ante el desacato, la autoridad judicial ordenó la ejecución inmediata del desalojo con apoyo de la fuerza pública, dejando en la vía pública mobiliario, documentos y pertenencias del partido, a la espera de que arribara la mudanza.La escena evidenció no solo el incumplimiento legal, sino también el desorden interno que atraviesa el instituto político en el Estado de México.
De acuerdo con los abogados del propietario, el conflicto se originó por un presunto adeudo de renta acumulado por varios años.
Señalaron que integrantes del Comité Estatal del PT intentaron “pedir favores” y buscar acuerdos extrajudiciales que nunca prosperaron, confiados en que el problema podría resolverse mediante influencias y no por la vía de la ley.
El desalojo exhibe con crudeza las contradicciones entre el discurso político del Partido del Trabajo y sus prácticas reales, colocando nuevamente a su dirigencia estatal en el centro de la polémica, en un momento clave para la reconfiguración de fuerzas y alianzas en el escenario político mexiquense, donde el incumplimiento de la ley tiene ahora un alto costo político.