Las reformas constitucionales al Poder Judicial y al artículo 19 Constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan la aplicación de prisión preventiva oficiosa, como la extorsión, van de la mano para mejorar la seguridad pública y la impartición de justicia en todo el país, afirmó la diputada federal Gabriela Valdepeñas González.
Resaltó la importancia que tendrán estas reformas en todos los estados, principalmente en la entidad mexiquense, donde las extorsiones, “si bien han disminuido en el último año, es un delito que afecta de gran manera, en la modalidad de cobro de piso, a comerciantes, empresarios y productores”.
Recordó que durante 2023 en el Estado de México se registraron 4 mil 10 casos de este ilícito, con una reducción del 4.5% en comparación con el 2022, donde la cifra fue de 4 mil 153. De enero a octubre de 2024, se han registrado 2 mil 853 denuncias de extorsión.
En el caso de Tlalnepantla, dijo que de enero a octubre de 2024 se tiene registro de 71 casos de extorsión, situación que no es menor debido a que muchas víctimas de este delito se abstienen de denunciar por temor.
Advirtió que existe una cifra negra en casos de extorsión y de delitos de alto impacto que en gran medida es motivada por la desconfianza que impera en torno a los que imparten la justicia, debido a la parcialidad con la que se juzga, es decir, a lo lento y/o lo rápido con que se llevan los procesos judiciales.
“No es raro que peligrosos criminales y sujetos que son detenidos por delitos graves sean dejados en libertad por jueces, en tanto hay casos de personas inocentes privadas de su libertad y que llevan hasta 11 años presos sin que haya una sentencia dictada”.
Ante este escenario, Gabriela Valdepeñas, secretaria de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, afirmó que “la reforma para aplicar prisión preventiva oficiosa a quienes cobren derecho de piso, y la elección de jueces por medio del voto ciudadano, inhibirá la comisión de este ilícito, y devolverá la confianza de la gente en los impartidores de justicia.
En este sentido, la legisladora por el municipio de Tlalnepantla comentó que los diputados federales mexiquenses tuvieron una reunión con la gobernadora para abordar el tema de las reformas constitucionales, donde les pidió que hicieran un enlace de coordinación con el Congreso local para avanzar en la creación de las leyes complementarias.
“Los cambios estructurales que estamos llevando a cabo en el Congreso de la Unión obliga a los gobernadores y presidentes municipales a actuar en congruencia con todas las reformas legislativas, como el de elevar a Derecho Humano los programas sociales en apoyo a los grupos vulnerables y a la población en general”, finalizó.
Entre los ilícitos que se adicionaron a la Prisión Preventiva Oficiosa destacan los previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.