
En un ejercicio de coordinación entre poderes y con la propia comunidad académica, el Congreso mexiquense avanza junto con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en la construcción de una nueva Ley Universitaria que prioriza la democratización interna y la certeza en los procesos electorales.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, sostuvo que, si bien el Poder Legislativo tiene facultades para impulsar reformas, la normatividad vigente establece que la iniciativa debe ser presentada por la propia institución, por lo que el acompañamiento se realiza desde una lógica de respeto a la autonomía universitaria.
“El objetivo es no generar una confrontación entre poderes ni corregir sobre la marcha una propuesta ya presentada, sino construir desde ahora un proyecto sólido y consensuado”, puntualizó el legislador.
La reforma contempla la incorporación del voto universal en la elección de autoridades universitarias, un planteamiento que ha cobrado relevancia en el debate público y que busca fortalecer la participación de la comunidad estudiantil, docente y administrativa en la toma de decisiones.
Vázquez Rodríguez subrayó que el proceso no responde a presiones coyunturales, sino a la necesidad de actualizar el marco jurídico universitario bajo criterios de gobernabilidad, transparencia y estabilidad institucional.
En ese sentido, indicó que ya concluyeron los foros de consulta y actualmente se sistematizan las propuestas para integrar un primer borrador.
En las mesas de trabajo participan representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y de la propia universidad, además de sectores prouniversitarios, lo que configura un esquema de diálogo interinstitucional poco común en reformas de esta naturaleza.
El diputado destacó que el contexto actual —con la llegada de la primera mujer a la Rectoría— abre una ventana política para concretar cambios estructurales que permitan cerrar ciclos de conflicto y sentar bases claras para la próxima elección interna.
La apuesta, afirmó, es que la nueva Ley Universitaria no sólo actualice disposiciones administrativas, sino que fortalezca la vida democrática de la máxima casa de estudios mexiquense y brinde certidumbre a la comunidad universitaria de cara a los próximos procesos internos.
