Elba Sánchez Pozos, Magistrada de Circuito del propio Poder Judicial de la Federación denuncio públicamente actos ilegales de corrupción y violación a derechos humanos que el Consejo de la Judicatura se niega a reconocer, no obstante, la política pública implementada desde la actual presidencia de cero tolerancia a la corrupción y a favor de igualdad de género, no ha sido respetada.
La Magistrada dijo que durante su gestión como servidora pública federal se ha enfrentado a malas prácticas del propio gremio de juzgadores que se apartan de las exigencias legales que deben regir la función jurisdiccional, distintas al nepotismo y acoso que ha identificado el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de mejorar el ambiente laboral, malas prácticas que atañen o impactan de manera directa en la impartición de justicia.
Sánchez Pozos, indicó que es un principio constitucional para toda autoridad en el país -ya sea municipal, local o federal- que sólo pueden actuar en el marco legal conforme a las facultades expresamente conferidas por la ley, sin embargo, la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez con exceso de poder y abuso de sus funciones nombró secretaria en funciones de Magistrada a Graciela Bonilla González, misma que meses antes acusó sin sustento alguno a la magistrada Pozos de haberla obligado a renunciar en su plaza de secretaria proyectista.
Recordó que desde abril de 2019 estuvo haciendo del conocimiento a Carlos Alpízar, Secretario General de Presidencia a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y al Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, las malas prácticas sin que dichos funcionarios procedieran al respecto.
Por lo que señaló que mientras informaba mediante los respectivos oficios a las autoridades correspondientes, de toda la situación anómala que acontecía en el citado Tribunal, se maquinaban en su contra más de quince denuncias por acoso laboral con la finalidad de que fuera expulsada de dicho órgano jurisdiccional y readscrita a otro tribunal, lo que lograron a finales de septiembre de 2019 en que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó cambiarla de adscripción a Culiacán, Sinaloa, para “salvaguardar la sana convivencia en el Tribunal y en el Circuito de origen”.
En la propia resolución del Consejo de la Judicatura Federal en la que se decretó la suspensión de la magistrada Pozos, también se ordenó una visita extraordinaria en su contra, la cual finalmente fue desahogada también en contra de la magistrada Selina Haidé Avante Juárez y Jorge Mercado Mejía, en virtud de las denuncias que en su defensa tuvo que formular la magistrada Elba Sánchez Pozos, misma que concluyó con el informe final de visita emitido en agosto de 2020.
No obstante, dijo, el Consejo de la judicatura Federal con la política de cero tolerancia a la corrupción ha suspendido a diversos juzgadores federales por presuntas irregularidades graves y no graves establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Normativa interna del Poder Judicial de la Federación, pero en el caso particular de la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez, existe una evidente protección al más alto nivel con claridad indiscutible.
DENUNCIA MAGISTRADA CORRUPCIÓN AL INTERIOR DEL PJF
Elba Sánchez Pozos, Magistrada de Circuito del propio Poder Judicial de la Federación denuncio públicamente actos ilegales de corrupción y violación a derechos humanos que el Consejo de la Judicatura se niega a reconocer, no obstante, la política pública implementada desde la actual presidencia de cero tolerancia a la corrupción y a favor de igualdad de género, no ha sido respetada.
La Magistrada dijo que durante su gestión como servidora pública federal se ha enfrentado a malas prácticas del propio gremio de juzgadores que se apartan de las exigencias legales que deben regir la función jurisdiccional, distintas al nepotismo y acoso que ha identificado el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de mejorar el ambiente laboral, malas prácticas que atañen o impactan de manera directa en la impartición de justicia.
Sánchez Pozos, indicó que es un principio constitucional para toda autoridad en el país -ya sea municipal, local o federal- que sólo pueden actuar en el marco legal conforme a las facultades expresamente conferidas por la ley, sin embargo, la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez con exceso de poder y abuso de sus funciones nombró secretaria en funciones de Magistrada a Graciela Bonilla González, misma que meses antes acusó sin sustento alguno a la magistrada Pozos de haberla obligado a renunciar en su plaza de secretaria proyectista.
Recordó que desde abril de 2019 estuvo haciendo del conocimiento a Carlos Alpízar, Secretario General de Presidencia a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y al Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, las malas prácticas sin que dichos funcionarios procedieran al respecto.
Por lo que señaló que mientras informaba mediante los respectivos oficios a las autoridades correspondientes, de toda la situación anómala que acontecía en el citado Tribunal, se maquinaban en su contra más de quince denuncias por acoso laboral con la finalidad de que fuera expulsada de dicho órgano jurisdiccional y readscrita a otro tribunal, lo que lograron a finales de septiembre de 2019 en que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó cambiarla de adscripción a Culiacán, Sinaloa, para “salvaguardar la sana convivencia en el Tribunal y en el Circuito de origen”.
En la propia resolución del Consejo de la Judicatura Federal en la que se decretó la suspensión de la magistrada Pozos, también se ordenó una visita extraordinaria en su contra, la cual finalmente fue desahogada también en contra de la magistrada Selina Haidé Avante Juárez y Jorge Mercado Mejía, en virtud de las denuncias que en su defensa tuvo que formular la magistrada Elba Sánchez Pozos, misma que concluyó con el informe final de visita emitido en agosto de 2020.
No obstante, dijo, el Consejo de la judicatura Federal con la política de cero tolerancia a la corrupción ha suspendido a diversos juzgadores federales por presuntas irregularidades graves y no graves establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Normativa interna del Poder Judicial de la Federación, pero en el caso particular de la Magistrada Selina Haidé Avante Juárez, existe una evidente protección al más alto nivel con claridad indiscutible.