Debido a que hoy no hay penas suficientemente coercitivas contra funcionarios mexiquenses que cometan delitos de cohecho, abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilícito, por lo cual la diputada Azucena Cisneros presentó una iniciativa para reformar el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, que se consideren como delitos graves y se ordene prisión preventiva oficiosa.
En su intervención en el pleno, la legisladora recordó que la corrupción es un lastre que genera enormes pérdidas en materia económica, pero lo más preocupante es que socava la confianza en las instituciones y nulifica el desarrollo económico y social, y que México ha estado sufriendo en las últimas décadas.
“Un acto de corrupción se materializa cuando un policía acepta una mordida, cuando un ciudadano se pasa el alto de un semáforo, cuando un funcionario acepta sobornos para apresurar un trámite, o cuando se benefician de descomunales desvíos del erario público”, refirió la legisladora de Morena.
México se ubica en el lugar 123 de 176 de Índice de Percepción de la Corrupción, y es considerado uno de las peores opciones para hacer negocios, y bajar más en la percepción colocaría al país al nivel de Afganistán o Somalia.
“Un hecho lamentable es que en nuestro país la corrupción se ha posicionado como uno de los principales problemas y que está aparejado con un alto grado de impunidad. Datos de la Auditoría Superior de la Federación demuestran que tan solo el 2% de los delitos de corrupción son castigados, peor aún, es saber que entre los que se castigan casi nunca se incluyen los cometidos por altos mandos”.
Azucena Cisneros aseveró que los responsables de desvío de recursos públicos deben ser castigados y tiene que propiciarse una nueva generación de funcionarios jóvenes con capacidad y preparación académica, con sentido de responsabilidad, ética y amor al país.
En mayo de 2017, la entidad se adhirió a la lucha en contra de esta problemática social creando la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, sin embargo el catálogo de delitos graves no sufrió actualización en cuanto al número de delitos correlativos a los delitos de cohecho, abuso de autoridad y peculado, pues antes de la implementación de la ley quien cometía abuso de autoridad no era sujeto a beneficio, sino perseguido de oficio y se ordenaba la prisión preventiva oficiosa.
“La reforma lejos de ayudar en el combate a la corrupción, dio lugar a una permisividad para que cualquier funcionario realice conductas atípicas, antijurídicas, culpables y punibles, pues las penas no son los suficientemente coercitivas para hacer un cambio profundo ante esta problemática social”, apuntó Cisneros.
La diputada morenista propuso que para inhibir conductas delictivas de servidores públicos, se reforme el Código Penal para que se adicionen como delitos graves, las figuras delictivas de ejercicio abusivo de funciones y el de enriquecimiento ilícito y se ordene la prisión preventiva oficiosa.
“La presente iniciativa, será la primera de una serie de propuestas cuyo propósito será reencaminar la finalidad por la que fueron creados los sistemas anticorrupción en todos los niveles de gobierno; basta como justificante saber que nuestro estado es considerado dentro de todos los estudios y estadísticas, como uno de los más corruptos, violentos y en donde prevalece la impunidad”.