Ante el retroceso de la actividad industrial en el Estado de México, parlamentarios urgieron modificaciones a la Constitución local para una reingeniería en la actividad económica, que garantice apoyos al emprendimiento como un derecho y no queden a decisión de gobernadores o alcaldes, además exigieron que se agilicen requisitos para crear empresas y se sancione actos de corrupción por trámites.
Durante la Comisión de Desarrollo Económico, parlamentarios se pronunciaron por agilizar los trámites estatales y municipales, otorgar apoyos a microempresarios, y dar facilidades para el ingreso laboral de jóvenes recién egresados de universidades.
El presidente de la Comisión Joaquín Vela Guzmán recordó que hoy el Estado de México tiene un crecimiento promedio de la industrial de apenas 1.73, y en la agricultura es de 0.52, muy por debajo del 2 por ciento que señalan organismos internacionales como insatisfactorio y que en 10 años, la actividad industrial que representaba el 27 por ciento del PIB, hoy es de 24 por ciento, por lo que se requiere una nueva fase de industrialización.
Laura González, representante del Consejo Coordinador Empresarial en la entidad, propuso diversas reformas para la instalación de consejos consultivos ciudadanos en materia de obras públicas, desarrollo económico, movilidad, tesorería, administración y mejora regulatoria.
También, planteó que los poderes legislativo y judicial cuenten con observatorios ciudadanos, que las contralorías sociales puedan generar denuncias ante irregularidades de funcionarios y tener un esquema de vigilancia de servidores públicos en relación con la prestación, y ejecución de acciones o servicios municipales y estatales, así como exámenes de control de confianza a funcionarios estatales y municipales en áreas de atención al público.
El parlamentario Pedro Carta Terrón, propuso reformar el artículo 18 Constitucional para que se reconozca el derecho al trabajo, y se garantice politícas y programs de fomento al emprendedor, ya sea de forma familiar, individual o colectiva.
“Es necesario que el emprendimiento se reconozca como un derecho humano fundamental, que no sea concesión administrativa como hoy sucede, sino un instrumento de derecho anclado desde la Constitución, y no como hoy que dependen del gobernador o alcaldes si quiere dar presupuesto para ello o no”, apunto el parlamentario.
En este sentido, lamentó que en el estado se hayan destinado 1500 millones de pesos para entregar despensas a la gente, pues ello no genera riqueza, en lugar de destinarlo al apoyo de negocios de manufactura que pueden generar miles de empleos.
Alejandrina Albiter Buendía presentó la iniciativa para que las empresas tengan la obligación de dar oportunidad a jóvenes recién egresados y que se les califique por sus habilidades y capacidades, y no por su falta de experiencia, que se cuenten con una plataforma para vincular con empresas y que haya multas para empresas que no ofrezcan estos espacios.
Alberto Tinajero, de Coparmex Metropolitano planteó reformar el artículo 61 para que el Poder Legislativo establezca requisitos, costos para empresas y con ello combatir la corrupción en trámites municipales, además de que se aprueben incentivos anuales fiscales y estatales para las micro y pequeñas empresas.
También, se propuso crear el Instituto de Economía Social y Solidaria, y hubo varias iniciativas que coincidieron con la necesidad de que la Constitución reconozca a los emprendedores y les otorgue el derecho a acceder a políticas, programas e incentivos para iniciar sus negocios, crear agendas PyME, así como talleres de emprendimiento que les permitan consolidarse, más allá de 2 a 5 años que es el tiempo que sobreviven.