La fiscalía federal anunció el jueves el procesamiento de nueve funcionarios, dos agentes migratorios y siete policías municipales, por delitos contra la justicia en el caso de la muerte de 19 personas, 16 de ellos migrantes guatemaltecos, que fueron asesinados y calcinados en enero en la frontera norte de México.
Los cuerpos fueron hallados en una camioneta quemada en Camargo, en el estado de Tamaulipas, en una zona que durante años ha estado marcada por las sangrientas guerras territoriales entre los restos del cártel del Golfo y el antiguo cártel de Los Zetas, y un lugar por donde pasan migrantes que quieren cruzar ilegalmente a Estados Unidos.
En el mismo sitio también se localizó otro vehículo incendiado, pero sin cadáveres y con placas del vecino estado de Nuevo León que había sido asegurado por el Instituto Nacional de Migración (INM) a finales de 2020.
Después de la matanza, el gobierno federal anunció la separación de sus puestos de nueve miembros del INM para investigarles, dos de los cuales son los ahora vinculados a proceso.
Los otros siete son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Escobedo. Todos están vinculados a las gestiones que se hicieron con esa segunda camioneta, asegurada en diciembre y luego devuelta e involucrada en el crimen.
El juez ordenó tres meses más de investigación pero sin medidas cautelares con lo que se encuentran en libertad.
Además de estos funcionarios, la fiscalía de Tamaulipas detuvo en febrero y vinculó a proceso a una docena de policías estatales del Grupo de Operaciones Especiales —una unidad vinculada a varios casos de abusos— por homicidio, abuso de autoridad y falso testimonio.
Las autoridades no explicaron cuál fue el móvil del crimen, pero en México policías locales y estatales corruptos a menudo están a sueldo de los cárteles. Estas bandas del crimen organizado suelen cobrar a los traficantes de migrantes por cruzar sus territorios y secuestran o matan a migrantes que no hayan pagado o a quienes optaron por cruzar a través de grupos rivales.
El crimen revivió la masacre de 72 migrantes en 2010 cerca de la localidad de San Fernando, también en el estado de Tamaulipas. La posibilidad de que se repitiera una masacre de ese tipo era una de las mayores preocupaciones del actual gobierno mexicano, que garantizó que en el caso de Camargo no habría impunidad.