El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá el martes para analizar la situación en Nicaragua y eventualmente aprobar una resolución que inste al gobierno de Daniel Ortega a revertir sus acciones contra la oposición y adoptar medidas para realizar “elecciones libres y justas”, informó el viernes el organismo.
La OEA indicó en su página web que la sesión virtual extraordinaria del 15 de junio fue convocada por las representaciones de Canadá, que preside el Consejo Permanente de la OEA, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.
Hace dos días, el secretario general Luis Almagro solicitó convocar a la reunión ante lo que llamó una “arremetida sin precedentes” del gobierno de Nicaragua contra la oposición, incluyendo el reciente arresto de siete líderes políticos, cuatro de ellos aspirantes presidenciales a los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega buscará su tercera reelección.
En la sesión del martes se discutirá un proyecto de resolución titulado “La situación en Nicaragua”, el cual reprueba el deterioro político y de los derechos humanos en el país y expresa preocupación por la negativa del gobierno sandinista de aprobar un paquete de reformas electorales planteadas por la OEA.
Regístrate para vivir una experiencia personalizada de consumo de contenidos.
Registrarse en MiDL
El texto propuesto establece también “condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos”.
También insta al gobierno de Nicaragua a que “sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales fidedignos de la OEA y de otros países”.
Almagro ha dicho que en Nicaragua se ha producido una ruptura del “orden constitucional”, y ha sugerido la posibilidad de que los Estados miembros de la OEA invoquen el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, lo que supondría la suspensión del país en el organismo hemisférico.
La policía de Nicaragua mantiene bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, acusada por supuesto lavado de dinero. También llevó a prisión a los precandidatos opositores Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro; al líder empresarial José Adán Aguerri y a los dirigentes políticos Violeta Granera y José Pallais, a quienes el gobierno acusa de atentar contra la soberanía y pedir sanciones extranjeras.
Estos hechos fueron rechazados este viernes por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que en un comunicado se pronunció contra “la persecución” del gobierno a opositores y periodistas, y pidió no institucionalizar “los arrestos arbitrarios e ilegales” y la “persistente situación de injusticia”. Los nueve obispos de la CEN también pidieron garantizar “elecciones libres, creíbles, observadas nacional e internacionalmente, que permiten a su vez, la elección y también la sustitución de los representantes”.
Esta semana, Estados Unidos sancionó a otros cuatro funcionarios y allegados a Ortega, incluyendo su hija y un alto oficial del Ejército encargado de manejar los fondos de pensiones. Por su parte la Unión Europea y el Parlamento Europeo instaron al gobierno el jueves a liberar “inmediatamente” a los detenidos y advirtieron que podrían revisar la cooperación que el bloque mantiene con el gobierno de Nicaragua.
Asimismo, un grupo de senadores estadounidenses —Marco Rubio y Jim Risch, entre otros— envió este viernes una carta al presidente Joe Biden pidiéndole revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) , investigar los activos y tenencias del ejército de ese país en Estados Unidos y extender las sanciones a los diputados sandinistas involucrados en violaciones de derechos humanos.