Los bloqueos de caminos se han vuelto una constante en las zonas ejidales de las delegaciones de la zona sur de la capital mexiquense, especialmente en Capultitlán, Cacalomacán, Tlacotepec, donde los nuevos avecindados se oponen al libre tránsito de peatones y vehículos por sus accesos.
Así lo denunció el cuarto regidor de Toluca, Arturo Chavarría Sánchez, quien explicó que la falta de un plan de desarrollo en los ejidos es lo que ha permitido la construcción de viviendas, de manera irregular, en tierras que no son de uso habitacional y que quienes llegan de otros lugares del municipio como posesionarios quieran coartar el derecho de tránsito de los demás.
Esta situación, que se presenta cada vez con mayor intransigencia bajo la excusa de seguridad para los vecinos, agregó el edil toluqueño, ha provocado que los caminos que desde años han sido de uso común se vuelvan accesos de lujo y estén abiertos a voluntad o restringidos por retenes y rejas que impiden el paso.
Por ello, pidió al Registro Agrario Nacional y a la Procuraduría Agraria hacer una revisión de los decretos presidenciales y de las carpetas básicas del ejido en el municipio de Toluca, así como una inspección al reglamento de los Comisariados Ejidales y de las Juntas de Pobladores a efecto de que no se permitan más los cambios de uso de suelo y se defina quienes son ejidatarios.
Asimismo, a las autoridades municipales correspondientes, que pongan orden, toda vez que la mayoría de los desarrollos urbanos de las zonas en mención fueron construidos en la ilegalidad, por especuladores de la tierra que hacen planeación a la carta, no muestran licencias de construcción y ahora buscan apropiarse de los caminos que siempre han sido de paso.
“La conectividad entre comunidades siempre ha estado abierta, por lo que pedimos respeto a los planes de desarrollo urbano municipal y que se eviten todos aquéllos actos que puedan constituir un obstáculo para el tránsito de peatones y vehículos, tal como lo señala el artículo 8.8 del Código Administrativo del Estado de México”, puntualizó el cuarto regidor, a razón de algunos señalamientos de trabajadores del volante, quienes han denunciado ser extorsionados a cambio de poder transitar por ciertas rutas.
Chavarría Sánchez recordó que, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley Agraria, el ejido debe componerse por 70% de tierras de uso común, 29% de tierras parceladas y 1% de asentamientos humanos y reserva de crecimiento, sin embargo la poca rentabilidad del campo y la falta de apoyos a los ejidatarios ha provocado la venta de la tierra y que los ejidos estén desapareciendo.
“Su vocación se ha perdido y los dueños, al margen de las Asambleas, que son el órgano máximo de ejido, han cedido sus tierras para el uso comercial, habitacional e industrial, sobre todo a la clase política y a los empresarios, que siempre buscan suelos baratos, que después desincorporan y privatizan”, añadió.
El regidor finalmente advirtió que de no atenderse de inmediato esta situación, se pone en riesgo la estabilidad social y se permite que el desarrollo urbano en la capital mexiquense siga secuestrado por intereses ajenos.
“Sabemos que los ejidos son autónomos, pero hasta en materia agraria hay reglas precisas, por ello pedimos que se analice el estatus jurídico de los ejidos, sobre todo en los municipios donde el crecimiento urbano se está dando a paso acelerado y que los gobiernos federal y estatal vigilen su actuar en planeación urbana y regional”, concluyó.