El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa, de carácter preferente, de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, para dar prioridad al despacho de energía que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al final a la generada por empresas privadas.
El Ejecutivo propone dar marcha atrás a los aspectos centrales de la reforma energética en materia eléctrica aprobada en el sexenio pasado, cuando se otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal o neoporfirista de privatización de las empresas públicas para despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional.
En ese sentido, en la iniciativa –que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados en un plazo de 30 días– plantea revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes, que han causado un gran daño al patrimonio de CFE.
También, eliminar la obligatoriedad de compra de energía mediante subastas, y obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autofinanciamiento, que desvirtuaron su objetivo inicial.