La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apoyará a padres y familiares de cuatro estudiantes mexicanos privados de la vida y una sobreviviente de los hechos ocurridos en Sucumbíos, Ecuador, atribuibles al Ejército y Policía de Colombia en 2008.
De acuerdo con el organismo, integrantes de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, solicitaron a María del Rosario Piedra Ibarra apoyo para que haya justicia y acceso a la verdad, así como reparación integral del daño y garantías de no repetición.
La defensora del pueblo escuchó las inquietudes y peticiones de los padres y familiares de los jóvenes asesinados –Juan González del Castillo, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado-, así como de la sobreviviente Lucía Andrea Morett Álvarez, quienes mencionaron que la queja fue presentada ante la CNDH en diciembre de 2008 y nunca obtuvieron respuesta.
Piedra Ibarra refrendó el compromiso de la CNDH para atender el caso y garantizarles su derecho a la justicia y a la verdad, así como, en su caso, a la reparación integral del daño y a recibir garantías de no repetición.
Además, recibió un escrito en el que familiares de las víctimas señalaron que han transcurrido casi 12 años desde los hechos en Sucumbíos y durante ese tiempo han realizado diversas acciones jurídicas, sociales y políticas.
También han sostenido reuniones con instancias del gobierno, organismos independientes de derechos humanos dentro y fuera de México, sin obtener respuestas por las autoridades mexicanas respecto de esos hechos.
Detallaron que, en marzo de 2008, acompañados por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, presentaron en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos por el asesinato de sus hijos.
De igual manera acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Embajadas de Colombia y de Ecuador en México y la CNDH, sin recibir colaboración en el caso.
Destacaron que los fallecidos han sido criminalizadas acusándoles de terroristas y narcotraficantes, en lugar de asumirlas como víctimas; por lo que han luchado para buscar justicia cuando el Estado mexicano debió ser el primero en interponer ante Cortes Internacionales los juicios correspondientes
Asimismo, externaron ante la presidenta de la CNDH que es impostergable que el Estado mexicano asuma su compromiso con la paz en la región, así como su obligación de defender a ciudadanos mexicanos que fueron víctimas de delitos en el extranjero.
También manifestaron que parte de sus peticiones es el reconocimiento público de México de calidad de las víctimas a los jóvenes asesinados; exigir a Colombia y Ecuador el mismo reconocimiento, además de una disculpa pública del gobierno mexicano ante las omisiones y retrasos en las investigaciones.
En este sentido, de acuerdo con un comunicado de la CNDH, solicitaron también que el gobierno mexicano abra el archivo político del caso para el conocimiento de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas Sucumbíos.
Así como acceso al expediente jurídico para conocer su estatus, las acciones realizadas por el gobierno de México contra los responsables directos y confesos de los homicidios de sus familiares; además brindar garantías necesarias, seguridad, apoyo psicológico y médico a Lucía Morett.