La Secretaría de la Contraloría del Estado de México (Secogem), acompañada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), convocó a representantes de la sociedad civil, de los sectores público y privado, autoridades electorales y municipales, así como académicos, para revisar temas relacionados con la promoción de la integridad como política pública.
Lo anterior, derivado del acuerdo firmado por el Gobierno del Estado de México, a través de esta dependencia, con la propia OCDE, a fin de elaborar un estudio en la materia que, a partir de las mejores prácticas y los casos de éxito a nivel internacional, fortalezcan los programas de servicio público sustentados en principios y valores éticos de las personas servidores públicos de nuestra entidad.
El titular de la Secogem, Javier Vargas Zempoaltecatl, destacó que de esta forma se cumple con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, mismo que prevé el impulso de instituciones de gobierno transparentes y que rindan cuentas.
También mencionó que se han atendido los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mediante la expedición del Código de Ética para toda la administración pública estatal, las bases para la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de los Comités de Ética en cada una de las dependencias y organismos auxiliares, así como la publicación de la guía para la elaboración de los Códigos de Conducta y Reglas de integridad.
La delegación de la OCDE, en voz de Jacobo Pastor García Villarreal, especialista senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas, aseguró que el Estado de México está llamado a ser referente nacional, gracias a su decisión de impulsar una agenda por la integridad pública, al tiempo que se congratuló por la pluralidad convocada para la elaboración de este estudio.
Palmira Tapia Palacios, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), manifestó que este tipo de acercamientos son útiles para reivindicar la imagen del servicio público ante la ciudadanía y conocer de casos de éxito en otros países.
En su oportunidad, Gabriel O’Shea Cuevas, Secretario de Salud, expresó que los valores de la ética y los principios de integridad cobran relevancia en sectores tan sensibles como el de la dependencia a su cargo, puesto que los recursos públicos nunca son suficientes y por ello, deben invertirse con la mayor transparencia y eficacia.
Al inaugurar los trabajos, la Diputada Brenda Escamilla Sámano, Presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, reconoció que el SAEMM responde a la necesidad de colaboración y coordinación de esfuerzos, para garantizar el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.
Asistieron también los especialistas de la OCDE Felícitas Neuhaus, Miguel Peñailillo López y Frederic Boehmn, así como Myrna Araceli García Morón, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, José de la Luz Viñas Correa, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
También Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, Gilberto Javier Sauza Martínez, Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Mario Vallejo Valdés, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del Estado de México (CMIC), y Daniel Rosemberg Cervantes Pérez, Coordinador Estatal de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra).
Cabe señalar que, durante cinco días, la misión enviada por la OCDE y servidores públicos adscritos a la Unidad de Prevención de la Corrupción de la Secogem, efectuaron mesas temáticas de trabajo en: Investigación, Sanciones, Control interno, Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), Orden municipal, Procedimientos disciplinarios, Finanzas públicas, Supervisión externa, Protección a denunciantes, Medidas de integridad en el rubro de salud, Sector privado y Sociedad civil.