Arturo Chavarría Sánchez, cuarto regidor de Toluca dijo que desde hace más una década se ha corrompido la ley que regula la construcción de los fraccionamientos, impidiendo con ello, que muchos sean otorgados en tiempo y forma a los Ayuntamientos dejando graves daños a las arcas municipales.
En conferencia de prensa indicó que en el municipio de Toluca existen más de 50 conjuntos urbanos, ubicados principalmente en la zona norte de la demarcación, y si pagarán como todos: impuesto predial, agua, luz y otros servicios, esto significaría una recaudación de alrededor de 250 millones de pesos anuales para el Ayuntamiento.
“Fue en el año 2000, en el gobierno de Arturo Montiel cuando comenzó el auge de las autorizaciones al vapor, mismas que siguieron en el mandato de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, la mayoría con falta de servicios y equipamiento urbano. En ese periodo 446 conjuntos urbanos fueron aprobados, los más pequeños con 54 viviendas, mientras que los más grandes involucran hasta 10 mil, en diversas etapas, como el caso del fraccionamiento Los Sauces, al norte de Toluca”.
Sin embargo, señaló que hasta el momento el gobierno municipal no cobra estos impuestos, debido a que dichos conjuntos no ha sido entregado al ayuntamiento, lo que impide cobrar a quienes los habitan.
“Considero que las pérdidas que se tienen, sobre todo por el consumo de agua, así como por el pago de luz y otros son millonarias; estaríamos hablando de más de 250 millones de pesos aproximadamente, por todas las irregularidades e incumplimientos”.
Chavarría Sánchez, indicó que además existe incumplimiento de un 30 por ciento en la entrega de la documentación requerida para la construcción de conjuntos urbanos en la ciudad de Toluca, responsabilidad que es de la Dirección General de Operación Urbana del gobierno del Estado de México, pero el impacto negativo recae en las administraciones municipales, que otorgan permisos a diestra y siniestra.
“Algunos de los documentos que registran mayor incumplimiento por parte de los empresarios encargados de la edificación de las viviendas, son los estudios de impacto ambiental, dictámenes de factibilidad, permisos de protección civil y licencias de uso de suelo”.