Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica pidieron al gobierno federal lleve a la Corte Penal Internacional (CPI) los casos de cinco periodistas mexicanos asesinados entre los años 2006 y 2018.
Se trata de Miguel Ángel López Velasco, Regina Martínez Pérez, Gregorio Jiménez de la Cruz, asesinados, así como de María Esther Aguilar y Ramón Ángeles Zalpa, quienes se encuentran desaparecidos.
Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, indicó en rueda de prensa que durante los dos últimos sexenios, han sido asesinados 116 periodistas, de los cuales 102 fueron asesinados y 14 se encuentran desaparecidos.
“Y esto sucedió en complicidad con las autoridades y agentes políticos que mostraron pasividad y se abstuvieron de juzgar a los criminales”, consideró Deloire.
“Pensamos que el presidente López Obrador tiene el poder para luchar contra esta política que ha sido injusta contra la impunidad que ha existido hasta ahora; el presidente puede reforzar nuestra acción ante la CPI y ayudar a llevar las investigaciones”, expuso.
El activista recordó que se reunió con el Ejecutivo federal, y aseguró que se mostró abierto de que se presenten los casos de crímenes ante la CPI; “la cuestión ahora es que las autoridades están trabajando para llegar a un consenso con las demás secretarias para realizar las investigaciones”.
Sara Lidia Mendiola, de Propuesta Cívica, comentó que los últimos dos sexenios resultaron sangrientos con 116 asesinatos y desapariciones, “casos en los que se advierte hubo violencia sistemática y modo de operar para ejecutar las agresiones”.
En su opinión, los crímenes y agresiones constantes han contribuido para crear ambientes de miedo en el gremio periodístico y el resto de la población civil, toda vez que los esquemas de violencia se recrudecen con la impunidad y corrupción que se produce y reproduce en el gobierno.
“Las autoridades en los dos últimos sexenios permanecieron omisas para contrarrestar la violencia, así como en las investigaciones”, denunció Sara lidia Mendiola, y detalló que de los cinco casos de periodistas referidos, la mayoría ocurrió en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte.
Destacó que a la fecha no existen líneas de investigación ni sentencias respecto de los autores de dichos crímenes.
En los casos mencionados existen los elementos suficientes para demostrar que la autoridad tenía conocimiento de dichas agresiones, pero “la misma autoridad prestó su consentimiento para que se concretizaran las agresiones, además de que se sospecha hubo involucramiento del crimen organizado”, puntualizó.