Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionaron el operativo de seguridad implementado durante una actividad cultural infantil en el fraccionamiento San Antonio, en Cuautitlán Izcalli, y señalaron al gobierno municipal, encabezado por Daniel Serrano, por presuntas irregularidades en el procedimiento y un posible uso excesivo de la fuerza pública.
En conferencia de prensa, la legisladora Johanna Alejandra Ch Dobles relató que el despliegue de elementos policiacos ocurrió durante una obra de teatro dirigida a niñas, niños y sus familias, actividad que formaba parte de una serie de presentaciones culturales que ha llevado a distintas comunidades del municipio.
Explicó que para esta ocasión contaban con una solicitud respaldada por más de 300 firmas de habitantes, fechada el 26 de octubre de 2026, y aseguró que previamente habían notificado al ayuntamiento sobre la realización de sus actividades, aunque no recibieron respuesta.
La diputada consideró desproporcionada la presencia de más de 150 elementos de seguridad, integrantes del grupo táctico y de la Guardia Nacional, así como 35 patrullas, al tratarse de una actividad recreativa y familiar.
De acuerdo con su testimonio, durante el operativo fueron retiradas sillas y mobiliario, además de que se registraron empujones y golpes entre asistentes y elementos de seguridad. También señaló que integrantes de su equipo fueron trasladados al juzgado cívico antes de la presentación.
Ch Dobles cuestionó que el gobierno municipal argumentara la falta de permisos para justificar la intervención, particularmente cuando, dijo, se trataba de una actividad que ya se había realizado en otras ocasiones.
Asimismo, contrastó el despliegue con los problemas de inseguridad que enfrenta Cuautitlán Izcalli y mencionó que durante el puente de Día de Muertos se registraron siete homicidios en diferentes puntos del municipio.
Por su parte, integrantes del grupo parlamentario del PAN respaldaron a la legisladora y señalaron que los hechos deben investigarse para determinar si existieron abusos de autoridad o vulneraciones a los derechos de los asistentes.
Informaron que hasta el momento se han presentado seis denuncias ante distintas instancias, entre ellas la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos estatal. Las acciones legales incluyen señalamientos contra el alcalde Daniel Serrano, la comisaria general de Seguridad Pública y servidores públicos municipales.
También adelantaron que recurrirán a la Contraloría del Poder Legislativo y a otras instancias, conforme avance la revisión jurídica de los acontecimientos.
Los legisladores panistas solicitaron la intervención del secretario general de Gobierno para propiciar un diálogo con las autoridades municipales y evitar que el conflicto escale.
Aunque reconocieron que deberán agotarse las vías institucionales, consideraron que lo ocurrido refleja la necesidad de mantener condiciones de respeto entre las distintas fuerzas políticas y garantizar el ejercicio de las actividades de representación ciudadana.
Finalmente, la dirigencia y la bancada estatal del PAN reiteraron su postura de que el caso debe llegar hasta sus últimas consecuencias legales y mantuvieron su exigencia de destitución del presidente municipal, Daniel Serrano.