El Poder Judicial del Estado de México aprobó medidas para fortalecer la salud de su personal y mejorar la atención a la ciudadanía mediante los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Las acciones buscan promover el bienestar laboral y facilitar la resolución de conflictos con menos trámites y mayor agilidad.
En Sesión Ordinaria del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ), en la que participaron como invitados permanentes el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y la Magistrada Maricela Reyes Hernández, Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, el Magistrado Fernando Díaz Juárez, titular del OAJ, las magistradas María Alejandra Almazán Barrera y María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, así como los magistrados Edgar Hernán Mejía López y Pablo Espinosa Márquez, integrantes del órgano, se aprobaron ambos acuerdos.
Rafael Ochoa Morales, titular de la Unidad de Normatividad y Consulta Jurídica, leyó el acuerdo que establece las bases de la Política Integral de Salud para las personas servidoras públicas del Poder Judicial mexiquense. Entre las acciones se incluyen exámenes médicos preventivos, campañas de vacunación, orientación nutricional, activación física, primeros auxilios y atención a la salud mental. También consultorios médicos básicos, seguros médicos complementarios, apoyos económicos ante contingencias y canales confidenciales para denunciar violencia laboral.
Evaluaciones para detectar riesgos psicosociales y medidas para prevenirlos. Asimismo, incorpora la perspectiva de género y los derechos humanos, con atención prioritaria para servidoras públicas embarazadas o en periodo de lactancia; para personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad o con enfermedades degenerativas. La Dirección General de Administración se encargará de ejecutar las acciones correspondientes, mientras que la Dirección General de Finanzas y Planeación realizará las gestiones presupuestales necesarias.
El Pleno también aprobó modificar la estructura orgánica del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CPMASC), mediante una propuesta presentada por su titular, la Magistrada Blanca Colmenares Sánchez. El cambio permitirá formalizar el Centro Virtual como una unidad administrativa dependiente de la Dirección General, con responsabilidades y lineamientos propios para mejorar su funcionamiento y coordinación con los juzgados.
Para la ciudadanía, la reorganización busca facilitar las juntas informativas y las sesiones de mediación a distancia, dar seguimiento continuo a los expedientes y reducir traslados y trámites en papel. Además, contempla la conexión en tiempo real entre los órganos jurisdiccionales y el Centro Público, así como el envío electrónico de constancias directamente a los expedientes judiciales, con el propósito de evitar retrasos en los procedimientos.
El nuevo esquema prevé personal fijo para atender los asuntos de principio a fin, y establece procedimientos para canalizar los casos desde los juzgados. El proyecto retoma la experiencia de atención virtual desarrollada durante la pandemia por COVID-19 y contempla la coordinación tecnológica, la adecuación de espacios en la Torre II de los juzgados Civiles y Familiares de Toluca y pruebas piloto en el Juzgado Séptimo Familiar de Toluca y el Juzgado Mixto de Chalco, con residencia en Ixtapaluca.
El Magistrado Presidente Héctor Macedo García destacó la importancia de proteger la salud física y emocional del personal judicial mediante acciones preventivas y una mayor atención médica. Sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, señaló que el Centro Virtual representa una oportunidad para optimizar recursos y reducir el rezago judicial, particularmente en materia familiar. Subrayó la importancia de que las juntas informativas ayuden a las personas a comprender los beneficios del diálogo y la mediación para resolver sus conflictos.
Durante la sesión, también se abordaron los lineamientos para las reuniones de trabajo, sesiones del Pleno, firma de actas y publicación de acuerdos. Además, se aprobó la creación de brigadas permanentes regionalizadas para apoyar a los juzgados familiares, se analizaron cambios de domicilio y operación de juzgados civiles y familiares, así como ajustes en la competencia y estructura de órganos jurisdiccionales, se revisaron atribuciones de la Contraloría Interna en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, acciones que contribuirán al fortalecimiento de la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.