Siete años después de la muerte de su hija en el Hospital del Niño de Toluca, Maximino continúa exigiendo respuestas sobre la atención médica que recibió la menor y el manejo de su cuerpo tras el fallecimiento.
El caso se remonta a abril de 2019, cuando la niña, identificada con las iniciales YMAF, ingresó al nosocomio por dolor abdominal. Según el testimonio de su padre, fue sometida a una laparotomía exploradora, pero posteriormente continuó con molestias y fue dada de alta.
Ante la persistencia del dolor, Maximino aseguró que el 14 de abril regresó con su hija al hospital. Tres días después, el 17 de abril, la menor murió.
Tras el fallecimiento, una médica del propio hospital le habría propuesto realizar un estudio de patología para conocer las causas de la muerte, debido a las dudas que existían sobre el caso. El padre afirmó que autorizó el procedimiento bajo la condición de que se limitara al estudio y que no se realizaran otras intervenciones al cuerpo.
Sin embargo, posteriormente comenzó a cuestionar el manejo del cadáver. Entre las presuntas irregularidades que ha señalado se encuentran certificados de defunción que considera inconsistentes y el testimonio de personal funerario que, según su versión, advirtió sobre posibles extracciones realizadas al cuerpo de la menor.
Maximino afirmó que entre las partes que presuntamente habrían sido retiradas se encontraba la lengua, por lo que también exige conocer qué ocurrió con los tejidos u órganos que pudieron haber sido extraídos y si existe documentación que permita establecer su destino.
Estos señalamientos forman parte de la denuncia de la familia y, hasta el momento, no constituyen hechos acreditados mediante una resolución definitiva. Su esclarecimiento corresponde a las autoridades competentes mediante investigaciones y peritajes.
El padre también cuestionó el cumplimiento de una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) relacionada con el caso.
Aseguró que el Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) aceptó la recomendación, pero sostuvo que las medidas establecidas no se han cumplido de manera integral.
Además, señaló que él y su familia fueron reconocidos como víctimas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México el 7 de julio de 2025.
A siete años del fallecimiento, Maximino mantiene su exigencia de que se revise el expediente, se esclarezcan las circunstancias en que murió su hija y se determine qué ocurrió con su cuerpo después del deceso.
“Una recomendación no puede ser incompleta o parcial”, afirmó, al insistir en que el caso no debe quedar sin respuestas.