La diputada Leticia Mejía García (PRI) planteó una reforma constitucional para establecer que el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, correspondiente al sector agropecuario, se incremente al menos un 10 por ciento respecto al del año inmediato anterior, con el propósito de favorecer su atención y desarrollo integral.
La propuesta, presentada ante el Pleno del Congreso mexiquense, busca incorporar este incremento presupuestal en la Constitución Política estatal, que establece que el Estado entregue un jornal seguro, justo y permanente a las personas trabajadoras del campo que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a personas productoras de pequeña escala, y un apoyo anual directo a personas pescadoras de pequeña escala.
En su intervención, la proponente indicó que la propuesta representa un piso mínimo de dignidad para el campo, al garantizar que cada año haya más recursos y que estos tengan un mayor alcance, para que la ayuda llegue a las y los productores, así como a más personas ganaderas y campesinas, quienes puedan enfrentar el alto precio de los insumos y hacer que su trabajo sea rentable, digno y competitivo.
Añadió que, según el Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Estado de México cuenta con más de un millón 270 mil hectáreas con uso y vocación agropecuaria y aprovechamiento forestal, además de casi 475 mil unidades de producción agropecuaria, lo que representa el mismo número de familias y productores que viven del campo.
En materia presupuestaria, el documento señala que al sector agropecuario se le asignaron, para el ejercicio fiscal 2026, más de 4 mil 224 millones de pesos, considerando los recursos de la Secretaría del Campo, el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México y la Protectora de Bosques del Estado de México.
Añade que el presupuesto del sector ha presentado variaciones anuales de diferente magnitud y advierte que esta dinámica dificulta la continuidad de las acciones y programas de desarrollo social implementados por las dependencias y organismos involucrados.