El conflicto al interior del Ayuntamiento de Chapa de Mota tomó un nuevo rumbo luego de que el síndico municipal y la primera regidora hicieran públicos una serie de señalamientos contra integrantes de la administración municipal, relacionados con presunta obstrucción de sus funciones, posibles irregularidades administrativas y violencia política en razón de género.
En conferencia de prensa, ambos funcionarios expusieron por separado los problemas que, aseguraron, han enfrentado desde el inicio de la actual administración y anunciaron que ya recurrieron a distintas autoridades para que los hechos sean investigados.
Por su parte, el síndico municipal sostuvo que el principal problema ha sido la presunta limitación de las facultades de la sindicatura, particularmente en temas relacionados con la revisión del presupuesto, acceso a información y personal necesario para desempeñar sus responsabilidades.
Para sustentar sus señalamientos, hizo referencia a diversas resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).
Explicó que en los expedientes JDSL 23/2025, JDSL 24/2025 y JDSL 25/2025, acumulados, el Tribunal determinó que la falta de documentación suficiente relacionada con el Presupuesto de Egresos 2025 afectó el ejercicio pleno de su cargo.
También mencionó el expediente JDSL 321/2025, en el que, de acuerdo con lo expuesto, se acreditaron omisiones de la presidenta municipal y del secretario del Ayuntamiento. En este último caso, señaló que el Tribunal estableció que el secretario no tenía facultades para rechazar unilateralmente la inclusión de un asunto solicitado para el orden del día de una sesión.
A esto se suma el expediente JCL 41/2026, relacionado con el cumplimiento tardío de una sentencia. Según lo informado por el síndico, la resolución fue atendida aproximadamente tres meses después del plazo establecido, situación por la que la tesorera municipal recibió una amonestación pública, mientras que la presidenta municipal fue señalada por no vigilar su cumplimiento.
Otro de los puntos señalados fue la falta de personal para atender las tareas de la sindicatura.
El funcionario puso como ejemplo el caso del titular del área jurídica, cuya remuneración, aseguró, continúa contemplándose dentro del presupuesto de la sindicatura, aunque no se habría acreditado que efectivamente desempeñe funciones para esa área.
Por ello, anunció denuncias ante distintas instancias para que se revise la actuación de funcionarios municipales y se determine si existen responsabilidades administrativas.
Informó que presentó tres denuncias contra la tesorera municipal ante el Órgano Interno de Control, así como otras tres contra el secretario del Ayuntamiento.
Además, señaló que existen denuncias ante la Contraloría del Poder Legislativo contra la presidenta municipal y solicitudes para realizar una auditoría especial a la nómina del Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2025 y al periodo de abril a junio de 2026.
Por su parte, la primera regidora, María del Rosario Franco Barrera, presentó otro frente dentro de esta confrontación al informar que interpuso una denuncia por presunta violencia política en razón de género contra la presidenta municipal y su esposo, José Luis García Guzmán, a quien identificó como presidente del DIF municipal.
La regidora explicó que acudió ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) el pasado 18 de julio, luego de una serie de situaciones que, afirmó, han afectado tanto el desempeño de sus funciones como integrante del Cabildo como su integridad.
Entre los hechos que relató se encuentra un incidente ocurrido el 13 de febrero, cuando se realizaba una entrega de árboles por parte del área de Ecología.
Según su versión, la presidenta municipal acudió al lugar y habría instruido a la coordinadora de Ecología retirar los árboles que previamente habían sido asignados a integrantes del Ayuntamiento.
La edil señaló que este hecho, junto con otros acontecimientos, fue incluido como parte de los elementos de su denuncia ante la autoridad electoral.
Los señalamientos de ambos integrantes del Cabildo muestran que las diferencias dentro del Ayuntamiento ya trascendieron el ámbito político y administrativo, pues actualmente existen procedimientos y denuncias ante distintas instancias.
Mientras el síndico busca que se investiguen presuntas restricciones al ejercicio de sus funciones y posibles irregularidades en el manejo administrativo y de la nómina, la primera regidora sostiene que ha sido víctima de actos que podrían constituir violencia política en razón de género.
Ambos coincidieron en que serán las autoridades correspondientes las que deberán revisar los hechos, determinar si existen responsabilidades y, en su caso, establecer las sanciones que correspondan.
Los señalamientos expuestos durante la conferencia corresponden a las partes denunciantes y permanecen sujetos a investigación y resolución de las autoridades competentes.