Con acompañamiento integral y representación jurídica del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, 63 mujeres privadas de la libertad han recuperado su libertad del 16 de septiembre de 2023 al 2 de septiembre de 2026.
Estas acciones forman parte del programa “Mujeres Privadas de la Libertad”, que articula el trabajo de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), para atender cada caso y garantizar una defensa jurídica adecuada.
María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, informó que esta coordinación permite brindar acompañamiento a las mujeres privadas de la libertad y dar seguimiento a quienes, de acuerdo con su situación jurídica, pueden acceder a los mecanismos y beneficios previstos en la legislación.
En los primeros ocho meses de 2026, nueve mujeres obtuvieron su libertad. El caso más reciente es el de Kimberly “N”, quien contó con la representación jurídica del Instituto de la Defensoría Pública para el análisis, seguimiento y atención de su proceso.
Rodríguez Hernández destacó que la atención no concluye con la salida del centro penitenciario. La Secretaría de las Mujeres brinda acompañamiento y canalización a diversos servicios con perspectiva de género, igualdad sustantiva y respeto a los derechos humanos, con el propósito de favorecer la reintegración social.
De acuerdo con las particularidades de cada caso, SeMujeres apoya en el pago de multas, cuando la legislación lo permite, así como en el traslado de las beneficiarias a sus hogares y en la continuidad del acompañamiento posterior a su liberación.
Por su parte, la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública, brinda representación y asistencia jurídica, analiza cada expediente y da seguimiento a los procedimientos correspondientes para que las mujeres cuenten con una defensa adecuada y accedan, cuando legalmente proceda, a los beneficios establecidos en la ley.
Con estas acciones, el Gobierno de Delfina Gómez suma capacidades institucionales para garantizar el acceso a la justicia, proteger los derechos de las mujeres y favorecer mejores condiciones para su reintegración social.