Fortalecer la investigación, la sanción y la atención del feminicidio mediante reglas homogéneas en todo el país es el objetivo de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión. La propuesta también busca ampliar la protección de las víctimas y sus familias.
Al explicar el alcance de la propuesta durante su conferencia matutina, señaló que el objetivo es que todas las fiscalías estatales apliquen los mismos criterios de actuación, con el fin de evitar clasificaciones incorrectas de los casos de feminicidio y fortalecer el combate a la impunidad. Añadió que la estrategia incorpora medidas de prevención, educación, igualdad sustantiva e investigaciones con perspectiva de género.
La iniciativa propone establecer una sola definición del delito de feminicidio para todo México e integrar diez razones de género para acreditar este ilícito, entre ellas antecedentes de violencia, agresiones sexuales, relaciones de poder y conductas asociadas con estereotipos de género. Asimismo, contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión y agravantes cuando la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos, migrante, esté embarazada o viva con alguna discapacidad, entre otros casos.
Asimismo, el proyecto establece que el feminicidio no prescribirá y elimina beneficios jurídicos como la amnistía, la conmutación de penas y los criterios de oportunidad. También prevé que las personas responsables pierdan derechos sucesorios, la patria potestad y cualquier cargo público que desempeñen.
Al explicar los alcances del proyecto, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, señaló que la propuesta busca unificar el marco legal en las entidades federativas. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres informó que se reforzarán los protocolos de investigación con perspectiva de género y la participación permanente de las fiscalías especializadas durante el desarrollo del proceso penal.
Además de las modificaciones legales, la iniciativa incorpora nuevos derechos para las víctimas directas e indirectas, entre ellos atención médica, psicológica y jurídica especializada y la reparación integral del daño. También prevé la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, campañas permanentes de prevención y mecanismos de coordinación entre autoridades federales y estatales para enfrentar la violencia feminicida.