Con el propósito de fortalecer el uso responsable de los recursos públicos y evitar prestaciones desproporcionadas dentro del servicio público estatal y municipal, el diputado Maurilio Hernández González, integrante del Grupo Parlamentario de morena, impulsó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
La propuesta, plantea establecer reglas constitucionales más claras, generales y uniformes en materia de remuneraciones, jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, planes complementarios y prestaciones análogas que sean cubiertas total o parcialmente con recursos públicos estatales o municipales.
De acuerdo con la iniciativa, ninguna prestación financiada con recursos públicos debe quedar fuera de parámetros objetivos de legalidad, transparencia, racionalidad, proporcionalidad y sostenibilidad presupuestaria, pues el ejercicio del erario debe responder al interés general y no a tratamientos diferenciados o privilegios injustificados.
El diputado Maurilio Hernández González señaló que la reforma no busca vulnerar el derecho a la seguridad social de quienes han dedicado su vida al servicio público, sino garantizar que dicho derecho se preserve bajo condiciones de equidad, viabilidad financiera y responsabilidad institucional.
La iniciativa establece que estas disposiciones sean aplicables a los Poderes del Estado, municipios, organismos constitucionales autónomos, dependencias, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, fideicomisos públicos, tribunales administrativos, comisiones y, en general, cualquier ente público que ejerza, administre o reciba recursos públicos.
Asimismo, propone que las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, planes complementarios o prestaciones análogas financiadas con recursos públicos no puedan exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.
La reforma también prevé que contratos, convenios, condiciones generales de trabajo, reglamentos, manuales, lineamientos o cualquier otro instrumento jurídico no puedan fijar condiciones superiores al límite constitucional propuesto.
No obstante, la iniciativa contempla excepciones para las prestaciones formadas con aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, aquellas integradas con aportaciones sindicales en sistemas complementarios, así como las pensiones no contributivas reconocidas por la Constitución Federal y la Constitución local.
Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario de morena refrenda su compromiso con una administración pública austera, responsable y orientada al bienestar social, en la que los recursos públicos se ejerzan con justicia, transparencia y sentido de Estado.