Comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense aprobaron imponer hasta 10 años de prisión a las personas servidoras públicas del ámbito de procuración y administración de justicia que, estando obligadas a investigar o sancionar delitos cometidos contra mujeres por razones de género, incurran en corrupción, omisiones, negligencias u obstrucción de la investigación o de la administración de justicia, en perjuicio del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Además, conforme a la iniciativa de la diputada Jennifer Nathalie González López (morena), las comisiones para la Igualdad de Género, y Procuración y Administración de Justicia establecieron sanciones de 100 a 150 días multa y la destitución o inhabilitación del cargo que desempeñen las personas servidoras públicas referidas, según corresponda.
La iniciativa, que reformaría el Código Penal estatal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mandata que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investigue, con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio.
En la reunión, presidida por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), Jennifer González señaló que su iniciativa representa un paso firme para fortalecer las instituciones y dotarlas de herramientas contra la violencia hacia las mujeres, garantizando que ninguna línea de investigación sea descartada anticipadamente y que exista responsabilidad y sanción para personas servidoras públicas que incurran en corrupción, negligencia, obstrucción de investigaciones o alteración de pruebas.
Recordó que la propuesta retoma modificaciones planteadas por Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio el 29 de junio de 2010 en Chimalhuacán, para incorporar parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia del 25 de marzo de 2015 relacionada con el caso de su hija y el proceso judicial que inicialmente le negó justicia.
Cabe mencionar que dicha sentencia permitió que, por primera vez en la historia de la justicia mexicana, un caso archivado y resuelto como suicidio se reabriera para ser analizado con perspectiva de género, acreditando que se trató de un feminicidio y abriendo la posibilidad de acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño para la víctima y sus familiares. Por ello, explicó la proponente, a esta iniciativa también se le denomina ‘Mariana Lima Buendía’.
Al respecto, la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez (morena) destacó la urgencia de fortalecer el marco normativo al señalar que, de los 721 feminicidios registrados en México durante 2025, el Estado de México concentró el 35 por ciento en municipios con Alerta de Violencia de Género. Agregó que en 2026 la entidad destina más de 260 millones de pesos para combatir este tipo de violencia en los 11 municipios alertados; sin embargo, consideró que la inversión presupuestal debe ir acompañada de cambios sustanciales a la ley.
También señaló tres deficiencias sistemáticas en las investigaciones: la aparente pérdida de evidencia por parte de personas funcionarias, la falta de exhaustividad en las carpetas de investigación y la nula aplicación de la perspectiva de género en los peritajes iniciales, por lo que celebró la iniciativa al considerar que podría contribuir a disminuir los feminicidios.
En tanto, le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) reconoció que el proyecto legislativo está sustentado en el caso de Mariana Lima, por lo que evitará que muchas carpetas de investigación sean cerradas con el argumento de suicidio. Añadió que, como integrantes del Congreso, tienen la obligación de responder a las demandas de una sociedad que exige justicia.
Dijo que la aprobación representa un paso firme en la protección de los derechos humanos, la integridad y la dignidad de las personas, particularmente de las mujeres víctimas, al establecer que todas las muertes violentas deben investigarse obligatoriamente con perspectiva de género y debida diligencia.
En su oportunidad, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) recordó que algunos municipios cuentan con declaratoria por feminicidio y con declaratoria por desaparición. Recordó que la primera alerta, emitida el 26 de julio de 2015, requirió un mandamiento de la SCJN.
Asimismo, cuestionó las deficiencias de la FGJEM y la permanencia de la fiscal central de Género, así como el desempeño y las condiciones laborales de las personas médicas legistas, además de señalar la falta de mujeres en este ámbito, donde actualmente la labor es desempeñada principalmente por hombres. También advirtió que muchas muertes de mujeres son clasificadas como suicidios.
La legisladora Selina Trujillo Arizmendi (morena) coincidió con el diputado Octavio Martínez y afirmó que son necesarias las médicas legistas, pues en ocasiones los médicos legistas violentan o revictimizan a las víctimas, lo que representa un obstáculo para la atención de los casos de violencia.
Igualmente destacó la importancia de fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres mediante redes de apoyo, atención psicológica y jurídica, así como acciones orientadas al empoderamiento e independencia económica. Agregó que muchas instancias siguen siendo “demasiado cuadradas” por sus horarios de atención, lo que dificulta que las víctimas reciban apoyo oportuno.
La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), presidenta de la Comisión Legislativa de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, señaló que, hablar de esta iniciativa, es recordar que la justicia tiene nombres y rostros, como los de Irinea Buendía, y reconoció la lucha de Pablo Navarrete Gutiérrez, representante legal del caso.
Indicó que se puede legislar escuchando las heridas reales de los colectivos y de las mujeres comprometidas con la justicia, y resaltó la tipificación, por primera vez de forma autónoma, del delito de negación de la justicia por razones de género y sancionar a las personas servidoras públicas negligentes. Añadió que su aprobación coloca al Estado de México a la vanguardia nacional y enviaría un mensaje contundente: que la omisión, la negligencia y la complicidad dentro de las instituciones también son un delito y serán castigadas.
Cabe citar que el Código Penal estatal vigente establece penas de 40 a 70 años de prisión por feminicidio y transfeminicidio, además de multas de 700 a 5 mil días, las cuales pueden incrementarse en una tercera parte por diversas agravantes.