El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, impuso sanciones a un activista, un abogado, un presunto operador criminal y dos casinos en México, por su supuesta colaboración con el Cártel del Noreste.
La acción fue ejecutada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que incluyó en su lista negra a Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, a quien señala de favorecer la imagen pública del grupo delictivo.
Según las autoridades estadounidenses, el activista habría impulsado campañas de desinformación para desacreditar a instituciones de seguridad mexicanas, mientras beneficiaba indirectamente a la organización criminal.
En la misma lista figura el abogado Juan Pablo Penilla, quien defendió a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, y que presuntamente actuaba como enlace entre integrantes del cártel, incluso durante periodos de reclusión.
También fue sancionado Eduardo Javier Islas Valdez, identificado como operador en actividades de tráfico de personas en la región de Nuevo Laredo.
A estas acciones se suman el Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y el Casino Diamante, en Tampico, así como la empresa operadora de ambos establecimientos, señalados por presunto lavado de dinero y otras operaciones ilícitas.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estos casinos habrían sido utilizados para ocultar recursos en efectivo, almacenar droga y realizar transacciones vinculadas al crimen organizado.
Las sanciones contemplan el congelamiento de activos en Estados Unidos, así como la prohibición de cualquier tipo de transacción entre ciudadanos o empresas estadounidenses y las personas o entidades señaladas.