En medio de cuestionamientos y contradicciones, la diputada Graciela Argueta Bello intentó desmarcarse del escándalo generado por un altercado en un autolavado, donde enfrenta una denuncia por presunta extorsión, al tiempo que acusó abuso policial y responsabilizó a la propietaria del negocio de “malinterpretar” los hechos.
La legisladora sostuvo que acudió al lugar únicamente para recuperar una caja con pertenencias personales que —según su versión— llevaba más de mes y medio intentando recuperar. Sin embargo, evitó explicar por qué envió previamente a terceros al establecimiento, quienes habrían sido señalados en un video viral por presuntamente hacerse pasar por integrantes de la delincuencia organizada.
Aunque Argueta Bello negó categóricamente esa acusación, su defensa se centró en una supuesta “confusión auditiva” entre las palabras “dueña” y “maña”, sin presentar pruebas técnicas que respalden su dicho. Aun así, insistió en que el material difundido “no está completo” y carece de contexto.
Uno de los puntos más cuestionados fue que, pese a la gravedad de los hechos que denuncia —como agresiones físicas y un supuesto intento de despojarla de su bolso—, la diputada reconoció que no ha presentado ninguna denuncia formal, argumentando que se encuentra “en proceso” y a la espera de cómo evolucione la querella interpuesta en su contra.
La legisladora también aseguró haber sentido temor durante la intervención policial, al grado de pensar que podría ser víctima de un secuestro, lo que contrasta con su decisión de no activar de inmediato los mecanismos legales correspondientes.
Argueta Bello, afirmó que las autoridades actuaron de manera arbitraria y que la dueña del autolavado habría reaccionado de forma “molesta” ante su insistencia por recuperar sus pertenencias. No obstante, evitó profundizar en por qué el conflicto escaló al punto de involucrar a fuerzas de seguridad y derivar en una denuncia penal por extorsión.
El caso ha generado polémica no solo por el contenido del video difundido en redes sociales, sino por las inconsistencias en la versión de la legisladora, quien tampoco aclaró con precisión la relación con las personas que la acompañaban ni el papel que desempeñaron en los hechos.
Mientras tanto, la investigación permanece en manos de las autoridades, que deberán determinar si existió o no un intento de extorsión, así como deslindar responsabilidades por la actuación policial. El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio público la conducta de actores políticos frente a conflictos de carácter privado que escalan al ámbito legal.