Al iniciar el análisis de la iniciativa de la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule (morena) para aumentar de dos a cinco el número de personas representantes de la sociedad civil como vocales del Consejo Estatal de la Juventud, integrantes de la Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso mexiquense coincidieron en que escuchar e incluir a las juventudes fortalece la democracia.
La autora de la iniciativa y las personas legisladoras de morena y PVEM señalaron que la propuesta de modificación a la Ley de la Juventud estatal, que establece que las vocalías sean preferentemente designadas por organizaciones juveniles cuyo objetivo sea el desarrollo y apoyo de este sector, permitirá además enriquecer la planificación de las políticas públicas.
La legisladora Itzel Ballesteros señaló que su propuesta reconoce el derecho de este sector a participar y a formar parte de las decisiones que les afectan, mientras que la parlamentaria Alejandra Figueroa Adame (PVEM), quien presidió la reunión, destacó que esta iniciativa acercaría al estado a una auténtica gobernanza intergeneracional.
Al respecto, le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) subrayó que, aunque el peso social y económico de las juventudes es enorme, su participación en los espacios donde se toman decisiones aún es limitada, por lo que se atiende una deuda institucional con esta modificación legislativa. En tanto, el congresista Israel Espíndola López (morena) expresó que fortalecer los órganos consultivos no solo mejora la gestión pública, sino la democracia.
Cabe señalar que este consejo es una instancia de colaboración, concurrencia, coordinación y apoyo interinstitucional, con el objetivo de coordinar, ejecutar, promover, apoyar y conjuntar esfuerzos, recursos, políticas, programas, servicios y acciones a favor de las y los jóvenes.
Está presidido por quien encabeza la Secretaría de Bienestar estatal e integrado por representantes de diversas secretarías; de la Universidad Autónoma del Estado de México; del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas; dos personas diputadas, y dos representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo número se propone ampliar a cinco.
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