Erick Garay Bravo, abogado, psicólogo y docente de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), dijo que los mensajes y llamadas telefónicas en los que se advierte a personas deudoras sobre supuestos embargos inmediatos, demandas con uso de la fuerza pública o consecuencias legales sin respaldo judicial, constituyen actos ilícitos y pueden configurarse como delitos.
En entrevista, el especialista explicó que ningún banco, institución financiera o despacho de cobranza puede exigir el pago de una deuda mediante amenazas, amagos o cualquier tipo de violencia física, moral o psicológica, si no existe una resolución emitida por una autoridad judicial competente.
Garay Bravo señaló que este tipo de requerimientos de pago indebidos pueden incluso encuadrarse en figuras delictivas como la extorsión, las cuales están previstas en distintos códigos penales, tanto de carácter estatal como federal.
Asimismo señaló que el derecho penal sanciona el intento de hacer justicia por cuenta propia, aun cuando exista un adeudo real, cuando se utilizan mecanismos de presión que vulneran la integridad emocional o psicológica de la persona deudora, sin acudir previamente a las instancias judiciales correspondientes.
Y destacó que los embargos, aseguramientos o cualquier otra medida de apremio solo pueden llevarse a cabo mediante un procedimiento legal y con una orden judicial debidamente fundada y motivada, por lo que ningún requerimiento extrajudicial puede amenazar con la intervención de la fuerza pública.
Además, advirtió que este tipo de prácticas de cobranza generan afectaciones psicológicas, ya que la constante recepción de mensajes intimidatorios o llamadas agresivas provoca angustia, miedo y, en algunos casos, trastornos de ansiedad en las personas afectadas.
Ante esta situación, el catedrático de la UAEMéx recomendó a quienes enfrenten este tipo de cobros acudir a las autoridades ministeriales para presentar una denuncia, así como buscar asesoría legal para exigir la reparación del daño moral derivado de la afectación psicológica.
Finalmente, Erick Garay hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y no ceder ante prácticas de cobranza indebida, recordando que toda exigencia de pago debe realizarse conforme a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas deudoras.