Tres agentes de la Policía de Frontera, interrogados por su presunta participación en la ejecución este jueves de dos palestinos desarmados en Yenín (Cisjordania), fueron liberados este viernes tras ocho horas de interrogatorio, de acuerdo con la prensa israelí. Según declaraciones a la web de noticias Ynet del abogado que representa a los tres sospechosos, Sharon Nahari, la línea de defensa es que «los agentes encubiertos actuaron conforme a las instrucciones legales cuando no tenían otra opción» ya que sentían que sus vidas «corrían peligro y abrieron fuego».
El ministro de Seguridad Nacional a cargo de la Policía, el ultranacionalista y convicto Itamar Ben Gvir, criticó en X este viernes públicamente que los presuntos agresores estuvieran siendo interrogados y lo calificó de un «procedimiento distorsionado» contra quienes luchan «contra enemigos y asesinos que quieren violar mujeres y quemar bebés».
En un vídeo publicado ayer por el canal de noticias egipcio Al-Ghad y difundido después por la ONG israelí B’Tselem, aparecen los dos palestinos saliendo de un edificio en la ciudad de Yenín, con las manos en alto, y entregándose a los soldados quienes, una vez les ordenan que se sienten en el suelo, les disparan a bocajarro hasta que caen muertos pese a no representar una amenaza.
B’Tselem identificó a las víctimas como Yusef Asasah, de 39 años, y a al Muntaser belah Abdalah, de 26. El Ejército confirmó ayer que estaba revisando el incidente, pero acusó a los palestinos de pertenecer a una «red terrorista».
“En Israel, no existe ningún mecanismo que detenga la matanza contra los palestinos ni que sea capaz de procesar a los responsables. Por lo tanto, es deber de la comunidad internacional poner fin a la impunidad de Israel y exigir responsabilidades”, denunció en un comunicado anoche la directora de esta ONG, Yuli Novak.
El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina condenó la «atroz ejecución» del Ejército israelí contra dos jóvenes palestinos, un hecho que «constituye un crimen de guerra documentado», así como «una flagrante violación de todas las leyes, acuerdos, normas y valores humanos internacionales».