La protesta de madres y padres de los 13 bebés fallecidos por el brote de Klebsiella oxytoca en hospitales públicos del Estado de México cumplió un año de exigir justicia, pero también provocó un severo caos vehicular en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se concentraron para denunciar la falta de avances en sus casos.
El cierre parcial de carriles y la presencia de manifestantes derivó en retrasos para automovilistas, transporte público y peatones, lo que generó inconformidad entre quienes intentaban llegar a sus destinos y se vieron atrapados en el tráfico ocasionado por las movilizaciones.
En medio de ese escenario, las familias acusaron que la Fiscalía mantiene bloqueado el proceso de acuerdos reparatorios, pese a que un juez ya avaló esta vía para todas las víctimas.
Hasta ahora, solo siete de las trece familias han recibido la compensación correspondiente; las otras seis siguen en espera desde hace meses, sin claridad ni acompañamiento institucional.
Madres, padres y su representación legal denunciaron que, aunque cumplen con todas las solicitudes de la FGJEM, la autoridad simplemente ha frenado el procedimiento sin explicación. “Nos han dado largas y nos ignoran”, expresaron durante la manifestación pacífica frente a la Fiscalía mexiquense.
Sara Monroy, abogada de varias familias, señaló que el retraso es injustificado, «llevamos meses pidiendo acceso a la justicia. Somos 13 familias, pero solo la mitad recibió el acuerdo reparatorio. Las demás siguen esperando”.
La Fiscalía, dijo, solicitó que presentaran un acuerdo firmado por todas las víctimas, coordinar reuniones y entregar documentos adicionales. A pesar de cumplir con cada requisito, las exigencias iban cambiando.
La abogada relató un episodio en el que, al intentar entregar un escrito en la Coordinación de Género, personal de seguridad fue enviado para vigilar a las madres.
«Las mamás se sintieron amenazadas, no protegidas, y el coordinador de género se escondió en un vehículo para evitar atendernos”.La Fiscalía argumenta que “faltan actos de investigación”, pero no ha detallado cuáles ni ha avanzado en la indagatoria, lo que para la defensa carece de sustento legal.
La empresa señalada como responsable —una persona moral— incluso acudió a la última audiencia con los cheques listos para las 13 familias, pero la FGJEM impidió concretar la entrega, denunció la abogada.“El único impedimento para que el pago se haga efectivo es la Fiscalía.
No entendemos por qué ponen tantas trabas, cuando en casos similares se resuelve rápido”, precisó.Cabe mencionar que las familias pidieron: Que la Fiscalía asigne de inmediato fecha y hora para la audiencia pendiente.
Que se aprueben los acuerdos reparatorios para las seis víctimas restantes. Que la FGJEM deje de ignorarlas y mantenga comunicación clara. Y que cese la obstaculización del proceso y se garantice el acceso a la justicia.
Mientras la exigencia avanza entre tráfico y molestia ciudadana, las familias insisten en que no buscan afectar a terceros; buscan que la muerte de sus hijas e hijos no quede impune.