En México diariamente se registran hechos dolorosos que confirman que vivimos en un país, donde la violencia cotidiana crece, y la extorsión estrangula economías locales y la impunidad alimenta el enojo social, mientras que la ausencia del Estado abre espacios que jamás debieron perderse, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juan José Sierra Álvarez.
Agregó que nuestro país enfrenta urgencias en materia de seguridad y hechos como el asesinato del presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo y las manifestaciones que se han derivado, son un reflejo de un descontento que cruza generaciones.
“Actualmente levantan la voz jóvenes, médicos, enfermeras, trabajadores del poder judicial, transportistas, agricultores, universitarios, voces distintas que demuestran un país cansado de vivir con miedo, cansado de la incertidumbre cansado la falta de respuestas”.
Lo anterior forma parte del “Posicionamiento público Seguridad para México”, en donde el líder del sector patronal a nivel nacional, destacó que dentro de la multiplicidad de delitos, los más graves son la extorsión y cobro de piso, los cuales dijo han dejado de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos.
“La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. La extorsión es el delito que mata a las MiPyMEs, que son el corazón productivo del país. La extorsión está destruyendo empleos, vaciando comunidades, distorsionando mercados y provocando una migración silenciosa y forzada. Y su expansión es la evidencia más dura de la falla institucional”.
En este sentido, afirmó que no podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley sustituyan al Estado, decidiendo quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va.
Acompañado de los 71 presidentes de los centros empresariales de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, reveló que en lo que va del año, México registra 8 mil 585 víctimas de extorsión, un incremento de 5.2%. De estas víctimas, 11.8% se encuentran en los 43 municipios fronterizos, donde el delito creció 15.2% respecto al año pasado, esto significa, que la extorsión crece sin freno, sin consecuencias y sin una respuesta proporcional del Estado.
“Por eso, hoy hacemos un llamado firme, directo y responsable a quienes tienen la obligación constitucional de garantizar seguridad y justicia. Al Gobierno Federal, le corresponde encabezar una estrategia nacional contra la extorsión con perspectiva de estado, más allá de ciclos, partidos y grupos políticos, que erradique las redes de colusión que hacen posible la impunidad. México necesita que este delito sea tratado con la prioridad que merece, con los recursos equivalentes a su impacto económico y social”.