Con el propósito de establecer un marco jurídico claro, seguro y humano que garantice a las personas un acompañamiento digno, respetuoso y de calidad en la etapa final de su vida, la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) propuso permitir la práctica de la eutanasia, siempre que se cumplan los protocolos que, para tal efecto, emita la Secretaría de Salud del gobierno federal.
La propuesta establece que regular la eutanasia —entendida como la intervención directa de una persona profesional de la salud para causar la muerte de la o el paciente— brinda seguridad jurídica tanto a quienes deciden acceder a ella como al personal autorizado para llevarla a cabo, al reconocer el derecho de las personas a decidir de manera informada y con un acompañamiento integral.
La iniciativa de reforma a la Ley General de Salud expone que, en las últimas décadas, la noción de una muerte digna ha adquirido una mayor relevancia ética y jurídica. En consecuencia, diversas legislaciones han reconocido el derecho de las personas que enfrentan enfermedades graves, incurables o en fase terminal, y que padecen sufrimientos refractarios, a solicitar ayuda médica para morir con dignidad. Dichos marcos normativos se sustentan en garantías, salvaguardas y controles institucionales rigurosos.
Añade que actualmente en México se reconoce la voluntad anticipada en 14 entidades, incluido el Estado de México, donde se norma la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden a pacientes en fase terminal, lo que ha permitido a más de 20 mil personas expresar su voluntad y evitar la obstinación terapéutica. Esta figura, agrega, se vería fortalecida con la aprobación de la eutanasia.
En su exposición, la legisladora mencionó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, siete de cada diez mexicanos se declararon a favor de permitir la eutanasia; 73 por ciento considera necesario cambiar las leyes para que las personas enfermas puedan recibir ayuda médica para terminar con su vida si así lo deciden; y, entre quienes viven en zonas urbanas, el apoyo asciende al 75.6 por ciento, mientras que en zonas rurales alcanza el 61.1 por ciento.
Aunado a lo anterior, apuntó que personas académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México han señalado que, aunque en el corto plazo existen pocos consensos políticos, la sociedad mexicana muestra una tendencia creciente hacia el reconocimiento del derecho a decidir sobre el final de la vida.