El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, llamó a conducir con seriedad y equilibrio la discusión sobre la ley de interrupción legal del embarazo, al tiempo que adelantó que el paquete fiscal concentrará la mayor parte del trabajo legislativo en las próximas semanas.
El diputado reconoció que el Congreso enfrenta manifestaciones simultáneas de organizaciones civiles que rechazan la llamada “ley de interrupción general del embarazo”, las cuales han calificado las propuestas como “leyes veneno”, mientras que colectivos progresistas insisten en que la Legislatura debe aprobar sin más demora los dictámenes pendientes.“Una cosa es querer darle gusto a todos, pero eso es imposible.
Tenemos que actualizarnos, cumplir con la ley y ser respetuosos de la gente. Cada quien, desde su interior y su formación, define su postura, pero el Congreso debe actuar con responsabilidad”, afirmó.Vázquez Rodríguez subrayó que la delgada línea entre el derecho a la vida y el derecho a decidir ha estado en discusión durante décadas, y reiteró que ambos puntos de vista merecen respeto.
«La discusión sobre desde cuándo inicia la vida humana siempre será delicada. Yo respeto las posturas y también respeto a quienes defienden el derecho sobre su propio cuerpo”, precisó.
El legislador puntualizó que cualquier reforma debe tomar en cuenta la capacidad operativa del sector salud, especialmente ahora que el Estado de México atraviesa un proceso de desincorporación de hospitales para integrarlos al IMSS e IMSS-Bienestar.
No se trata, dijo, sólo de poner en papel el servicio, se necesita capacidad real para ofrecerlo. Ahorita estamos concentrados en las desincorporaciones y ese es el primer paso antes de avanzar en cualquier otra cosa.
Si bien reconoció que los foros en torno al tema se han realizado desde hace mucho tiempo, no descartó que puedan llevarse a cabo más ejercicios de discusión. La prioridad inmediata será continuar el análisis en comisiones.
Por otra parte, el Presidente de la JUCOPO comentó sobre el conflicto del municipio de El Oro, donde atenderán a regidores inconformes, pero la decisión compete al Ejecutivo, «serán recibidos, pero aclaró que la resolución de fondo depende del Ejecutivo estatal».
Vázquez Rodríguez detalló que los regidores —algunos de ellos, recordó, propuestos originalmente por la propia alcaldesa— ahora se dicen en contra de decisiones de gobierno y buscan la intervención legislativa.
“Son tres o cuatro regidores que antes estaban a favor y fueron puestos por ella. Nosotros los vamos a atender, pero esto no nos toca decidirlo. Necesitamos el oficio del Ejecutivo para proceder”, indicó.
Agregó que, en caso de existir denuncias o presunta comisión de delitos por parte de la presidenta municipal o de funcionarios locales, corresponde a los inconformes presentar las pruebas ante las autoridades competentes.
«Si hay elementos de delito, que se hagan las denuncias necesarias y que las autoridades den seguimiento”, aseveró.
Por otro parte, el coordinador del grupo parlamentario de Morena informó que, pese al número elevado de iniciativas en proceso, la atención del Legislativo se concentrará en el paquete fiscal, que deberá ser recibido antes del 21 de noviembre y discutido en comisiones hasta el 15 de diciembre.
Enumeró parte de la agenda pendiente: reformas para combatir el esquema de “gota a gota”, el análisis de la cuenta pública, diversos temas en materia de seguridad, y más de sesenta desincorporaciones ya aprobadas —con muchas más por resolver— necesarias para que el gobierno estatal pueda ejercer recursos federales, especialmente en obras del corredor de oriente.