Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF), Red Familia, Expo Vida y Familia, ConParticipación y otro colectivos de padres de familia rechazaron de manera abierta las iniciativas impulsadas por la diputada Saira Díaz Cedillo Silva, a las que calificaron como “leyes veneno” por considerar que afectan la vida comunitaria y el rol de las familias en la formación de niñas, niños y adolescentes.
En conferencia de prensa Rodrigo Iván Cortés, presidente nacional del FNF denunció que las reformas al Código Civil, Código Administrativo y leyes de Educación, Asistencia Social y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes podrían transformar la convivencia social sin consultar a las familias.
Uno de los principales señalamientos, dijo, recae en los cambios propuestos a los contenidos educativos y advirtió que las modificaciones plantean la implementación obligatoria de educación sexual integral desde edades tempranas, con énfasis en consentimiento, planificación familiar y acceso directo a métodos anticonceptivos.
Las organizaciones consideran que esta visión desplaza el papel de madres y padres en la orientación de sus hijos.“Están matando el derecho de los padres a educar conforme a sus valores”. “Promueve una sexualización temprana y normaliza la ideología de género sin diálogo con las familias”.
Por su parte Esther Cejudo, de ConParticipación, cuestionó que mientras en diversas comunidades del Valle de Toluca los menores no pueden asistir a clases por falta de agua potable y los hospitales carecen de medicamentos, el Congreso priorice iniciativas que —asegura— responden a “una agenda ideológica” antes que a las necesidades sociales urgentes.
En materia de salud, Rodrigo Iván Cortés señaló que las reformas sobre aborto y protocolos médicos “buscan matar la conciencia médica” al obligar a personal objetor a garantizar la realización del procedimiento cuando no exista personal disponible.
Esto, dijo, convierte a los hospitales “en centros de eliminación de vidas humanas”, lo que —asegura— violenta la libertad profesional.
Ángeles Bravo agregó que el sistema de salud mexiquense carece de infraestructura suficiente incluso para atender embarazos normales.
Citó datos del Melisa Institute, según los cuales el Edomex registra 48.9 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, cifra que refleja limitaciones para gestionar servicios básicos, por lo que —advirtió— tampoco podría responder adecuadamente a la demanda asociada a las nuevas reformas.
Finalmente, comentaron que las organizaciones exigieron suspender la discusión legislativa y ser integradas a las mesas de trabajo donde se analiza el paquete de reformas, con el objetivo de que las voces de madres, padres y sociedad civil sean tomadas en cuenta.